Nueva agresión contra dos vigilantes de seguridad de la estación de tren (Tarragona).

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo cuando los empleados intentaban evitar que un grupo de jóvenes pintara un convoy de la instalación ferroviaria. Según la versión de las víctimas recibieron golpes por todo el cuerpo.

Han perdido la cuenta. Dos vigilantes de seguridad de la estación de tren de Reus han sido de nuevo víctimas de una agresión por parte de un grupo de jóvenes grafiteros. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo y los agredidos fueron dos empleados de entre 35 y 40 años de edad de la empresa de seguridad Trabilsa. 
«Estábamos vigilando los convoyes cuando empezamos a oler a spray. Nos acercamos a uno de los trenes, mi compañero por un lado y yo por el otro.

Empezamos a hacer ruido para ahuyentar a los grafiteros, pero se encararon con nosotros y nos empezaron a pegar», relata uno de los vigilantes agredidos. Añade que «eran más de una docena de chavales, y nos empezaron a dar patadas por todo el cuerpo, y mientras huían nos empezaron a tirar los botes de pintura». 

Él mismo puedo reconocer a uno de los jóvenes, ya que el resto, según su versión de los hechos, «iban encapuchados y con el rostro cubierto». Añade que «fue otro compañero de otra empresa de seguridad el que llamó a la policía y la ambulancia para que nos atendieran».

Fuentes de los Mossos d’Esquadra confirmaron los hechos al Diari. La policía recibió el aviso pasadas las tres de la madrugada del domingo. «Un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años estaba pintando el lateral de un convoy de tres vagones, cuando fueron sorprendidos por los vigilantes de seguridad», explican las fuentes. Las mismas corroboran que «los jóvenes rociaron con espray a los vigilantes, que al inhalar el aerosol se marearon, y también tenían contusiones. Después, los jóvenes huyeron corriendo». 

Ambos vigilantes fueron trasladados hasta el Hospital Sant Joan de Reuspara ser atendidos y valorar la gravedad de las lesiones recibidas. «Yo recibí el alta rápidamente después de realizarme diferentes pruebas, pero mi compañero fue el que se llevó la peor parte, incluso le pintaron la cara con spray y le tuvieron que hacer un TAC por los golpes que recibió en la cabeza», explica el vigilante de seguridad. Al cierre de esta edición, la segunda víctima todavía permanecía ingresada en el centro hospitalario reusense, a la espera de su evolución.

Agresiones constantes

Los ataques a vigilantes de seguridad de la estación de tren de la capital del Baix Camp no ceden. De hecho, en menos de un mes uno de ellos ya ha sufrido dos agresiones. «Es la segunda vez en menos de 30 días, y no se ha hecho nada para parar esta situación», asegura. El agredido también recrimina que los jóvenes grafiteros «se sienten con el derecho de pintar los convoyes porque sienten total impunidad ante la justicia, saben que no les harán nada». Añade que «estamos indefensos, no sabemos qué hacer. Hasta que no ocurra algo más grave y que lamentaremos todos». 

Con este rotativo también contactó otro compañero de los dos vigilantes agredidos para relatar la secuencia de los hechos. «Pintan los trenes, nos amenaza, nos pegan y no les pasada nada», critica. Explica que «mis compañeros tampoco pueden hacer nada para defenderse ante este tipo de agresiones, ya que solo llevan la porra y las esposas». Desde hace tiempo, el colectivo de vigilantes de seguridad denuncia la situación precaria en la que se ven obligados a trabajar cada día. «Cobramos apenas 900 euros con un mísero plus de peligrosidad. Enfrentándonos a estos jóvenes nos jugamos la vida. No compensa», concluye el empleado.

El TSJ avala el despido de un vigilante que dejó su puesto para ir a comprar agua (Murcia)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó el recurso presentado por un vigilante de seguridad contra la sentencia que declaró procedente su despido, sin derecho a indemnización alguna. Este se produjo por haber abandonado su puesto durante tres cuartos de hora para ir a comprar agua, según declaró.

La resolución indica que el juzgado de lo Social al que correspondió su demanda declaró probado que este trabajador de la empresa de seguridad, S., fue despedido en septiembre de 2016, después de que se comprobara que se ausentó de las instalaciones en las que prestaba sus servicios, ubicadas en San Pedro.

En la carta en la que la empresa le comunicaba el cese como autor de una falta muy grave, se recogían los hechos y la mala imagen que habían creado ante los responsables de la sociedad que había contratado sus servicios tras sufrir un incendio. En su descargo, el trabajador aseguró que se había ausentado para comprar agua y que se había perdido.

Seguridad Integral Canaria entra en concurso de acreedores

La compañía asegura que recurre a esa medida para poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores y desbloquear los embargos de sus cuentas corrientes

Seguridad Integral Canaria ha presentado hoy voluntariamente concurso de acreedores para poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible. La empresa recurre a esta fórmula para desbloquear los embargos de sus cuentas corrientes, que impiden el normal funcionamiento.

Así lo ha anunciado la compañía propiedad del empresario y también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez. Seguridad Integral Canaria asegura que el bloqueo de las cuentas en los últimos meses proviene de una demanda de algunos sindicatos y trabajadores que no entendieron la realidad de la empresa exigiendo el abono total de las diferencias salariales, debido a una sentencia que anula el convenio que la empresa aplicó, pactado con los representantes mayoritarios de los trabajadores, conforme a la reforma laboral de 2012.

Además añade que ese bloqueo por parte de sindicatos alineados con intereses de empresas competidoras imposibilitó atender los pagos a Seguridad Social y Hacienda, que, a su vez, reclamaron embargos.

Ante esa situación, la única herramienta legal que entendemos puede restablecer el normal funcionamiento de la empresa es el concurso de acreedores con la intención de no dejar deuda alguna en línea con la historia de la empresa, que en sus 22 años de existencia ha venido afrontando sin problemas sus obligaciones.

Tal es la convicción de Seguridad Integral Canaria en su solvencia, basada en que su activo es netamente superior a su pasivo, que la intención no es solicitar quita alguna, pese a que la ley lo permite, sino adaptar los pagos a la liquidez de la compañía, según un calendario que garantizaría la viabilidad de la empresa y el cobro por parte de los acreedores. La empresa toma esta decisión con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad.

La empresa admite que las dificultades que sufre en una crisis económica general reflejada en contratos de las administraciones públicas con presupuestos a la baja, la crisis particular del sector de la seguridad privada que ha supuesto la liquidación de decenas de empresas con pérdida de puestos de trabajo y graves conflictos en otras empresas que prestan sus servicios en diferentes aeropuertos de la Península, así como la desactivación judicial de la reforma laboral de 2012, con sucesivas y múltiples sentencias en contra de convenios de empresa previstos en esa ley.

Desde Seguridad Integral Canaria lamentan profundamente los perjuicios que esta situación ha causado sobre todo a los trabajadores, a los que queremos pedir perdón públicamente, y esperamos poder compensarles. Al mismo tiempo, lamentan que la intransigencia de algunos sindicatos haya provocado el bloqueo de nuestras cuentas al exigir el abono inmediato de los atrasos por diferencias salariales respecto al convenio sectorial, lo que nos ha imposibilitado cumplir con los pagos a la Seguridad Social y Hacienda, que, a su vez, también han ejecutado un bloqueo bancario, todo lo cual nos ha abocado a recurrir al concurso de acreedores.

Por último, la compañía de seguridad privada ha mostrado su agradecimiento a los proveedores que estuvieron a nuestro lado en los momentos buenos, a su comprensión en estos delicados momentos, y esperamos que sigan estando cuando ya se atisba una solución para la continuidad de la empresa de manera solvente y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

PSOE y Podemos exigen al Gobierno regional “soluciones” para los vigilantes de Metro

PSOE y Podemos han exigido al Gobierno regional "soluciones" para los vigilantes de Metro, que llevan dos meses sin cobrar por el impago por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Seguridad Integral Canaria, mientras que desde el Ejecutivo se estudia la viabilidad jurídica para usar el aval de la compañía para abonar las nóminas. 

Durante el Pleno de la Asamblea, que debate el Presupuesto para 2018, la diputada de Podemos Elena Sevillano ha recordado que España se encuentra en nivel 4 de alerta terrorista pero sin embargo en Metro la seguridad está "comprometida" por la situación de los vigilantes. 

"Señora Cifuentes, a 50 metros de su despacho Daniel (un vigilante de seguridad) lleva 11 días sin comer, en huelga de hambre, porque no se cobra de un servicio que depende de este Gobierno, ¿no le da vergüenza?", le ha dicho a la dirigente madrileña. 

En esta misma línea se ha posicionado el parlamentario de PSOE Diego Cruz, considerando que "quien hizo el contrato, hizo la trampa". Asimismo, ha lamentado la situación que se vive, "con la Comunidad mirando para otro lado". 

"Los trabajadores merecen que hoy se dé una solución definitiva, sino sería una vergüenza en términos morales", ha defendido.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha retenido el aval aportado por la empresa Seguridad Integral Canaria cuando logró ser adjudicataria del servicio y estudia la viabilidad jurídica para poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos en las nóminas de los trabajadores de esta compañía. 


Metro retendrá el aval dado por Seguridad Integral Canaria para ver si puede utilizarse para pagar a los vigilantes

Metro de Madrid ha retenido el aval aportado por la empresa Seguridad Integral Canaria cuando logró ser adjudicataria del servicio y estudia la viabilidad jurídica para poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos en las nóminas de los trabajadores de esta compañía.

Fuentes del suburbano han explicado a Europa Press que así lo ha trasladado el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, durante un encuentro improvisado con empleados que estaban concentrándose en las inmediaciones de la estación de Moncloa, donde se presentaba el tren de la Navidad en el suburbano. 

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, también se ha acercado a estos trabajadores para conocer su situación. Fuentes de este departamento indican que la cantidad del aval asciende a dos millones de euros.

Por su parte, desde Metro han señalado que se va a retener dicho aval y se estudia la posibilidad desde el punto de vista jurídico y técnico para ver si se puede destinar a abonar los salarios atrasados de los trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, el delegado del Sindicato Unión Independiente de Trabajadores (UIT), Tomás Rodríguez, ha señalado que llevan sin cobrar sus nóminas durante dos meses y que estos "problemas de atraso en los pagos" no son nuevos por parte de la empresa.

A su juicio, este aspecto tampoco es nuevo para Metro, que "ya lleva conociendo desde el primer momento los problemas que hay y ya sabía lo que iba a pasar".


Huelga de hambre de un vigilante de Metro: «No nos pagan y prefiero estar así a perder la dignidad»

Un trabajador de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en el suburbano de Madrid inició ayer una protesta indefinida por los impagos que arrastra la plantilla, de al menos dos meses.

Un vigilante de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en Metro de Madrid inició ayer una huelga de hambre indefinida en protesta por los impagos que arrastra la plantilla, de al menos dos meses.

Según ha comentado este vigilante en un vídeo publicado en redes sociales, la huelga de hambre tiene carácter indefinido y se trasladará a diferentes estaciones del suburbano durante su protesta para difundir la situación que atraviesa la plantilla.

«No nos pagan ni tienen intención de hacerlo, he optado por la única manera en la que se puede hacer algo dentro de la legalidad», ha asegurado el vigilante para relatar que su intención es que «todo el mundo se entere de lo que puede hacer una persona por reclamar sus derechos, su salario y su dignidad».

«Estaré todo lo que pueda, hasta que el cuerpo aguante», ha relatado en este vídeo para recalcar que la situación de los vigilantes de esta empresa que hacen servicio en Metro es «indignante» debido a los retrasos en el pago de sus nóminas.

Los empleados de esta empresa llevan durante las últimas semanas realizando diversas protestas de cara a exponer su situación debido al impago de sus nóminas del mes de octubre y de noviembre.

Así, el 1 de diciembre medio centenar de vigilantes del Metro de Madrid protestaron frente a la Asamblea de Madrid porque 550 trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria no han cobrado las nóminas de noviembre y entre 60 y 100 de ellos tampoco las de octubre, por lo que piden ser escuchados por los diputados autonómicos.

Por su parte, la Comunidad de Madrid recalcó que sancionará a las empresas de Seguridad de Metro que incumplan contratos y garantizará «sueldos dignos» para los trabajadores de las mismas. De hecho, esta trabajando en un nuevo pliego de condiciones que contemple la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria en el caso de incumplimiento.


Los ministerios siguen contratando vigilantes 'low cost' pese al toque de Fomento

Ni la nueva ley de contratos ni el acuerdo vinculante que firmó Fomento con los sindicatos han impedido que las administraciones públicas sigan recurriendo a empresas 'piratas'.

Los ‘piratas’ de la seguridad aún no tienen los días contados. Novo Segur, empresa conocida por pagar 789 euros brutos al mes a sus vigilantes en instituciones públicas como el Ministerio de Defensa -que no renovará el contrato-, acaba de ganar doce adjudicaciones con organismos tan variados como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Interior) o la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Ni la recién aprobada Ley de Contratos ni el acuerdo para mejorar las condiciones de los empleados -impulsado por Íñigo de la Serna (Fomento)- lo han impedido.

Los nuevos contratos se hacen públicos poco después de que el ministerio capitaneado por María Dolores de Cospedal se comprometiera a acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur) en cuanto expire el contrato en marzo, momento en el que sacará una nueva licitación. Los vigilantes de esta empresa se pusieron en huelga en octubre para denunciar una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal.

No obstante, esta práctica hasta ahora era legal (y demasiado habitual). Los convenios de empresa podían prevalecer sobre el sectorial, situación que cambia con la nueva Ley de Contratos del Sector Público: sobre papel, el precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del servicio, los pliegos deberán incluir cláusulas sociales y las empresas estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente superiores a lo que paga Novo Segur (entre otras).

Pero la nueva Ley, ya publicada en el BOE, no entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses. Hasta entonces, las administraciones públicas podrán seguir contratando con empresas que tiran los precios a fin de presentar la oferta económica más ventajosa. El ejemplo más reciente es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), que adjudicó recientemente un contrato de dos años a Novo Segur para sus servicios de vigilancia: en teoría, iba a arrancar el 1 de enero de 2018 y cuenta con un presupuesto de 114.674 euros, según el expediente consultado por este periódico en la plataforma de contratación del sector público.

No obstante, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS) intervino "una vez enterado de las formas de proceder" de la empresa adjudicataria. "Se les expulsó del proceso, tal y como permite la actual Ley de Contratación del Sector Público, descartando así a una empresa pirata que presentó la oferta más baja con diferencia notable", matiza Héctor Castaño, delegado sindical.

Le siguen organismos dependientes del Ministerio de Empleo como laTesorería General de la Seguridad Social en las direcciones provinciales de Ciudad Real o Tenerife, con un plazo de ejecución de 12 meses y un importe de adjudicación no superior a los 307.447 euros en ninguno de los casos. También destaca el servicio de vigilancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León (88.510 euros), otorgado igualmente a la antigua Marsegur. El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con la empresa, sin éxito.

“Las direcciones provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de contratación”, justifican fuentes de Empleo. Y dejan claro que el departamento de Fátima Báñez fue de los primeros en incorporar cláusulas sociales en los pliegos para garantizar unas condiciones laborales mínimas. “Se hizo en julio de 2017, antes de que se aprobara la nueva ley, y se envió una recomendación a los citados organismos para que las aplicaran”. Este ministerio ya fue noticia por contratar en el pasado con Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa ‘pirata’ que pagaba un sueldo base de 660 euros al mes y superaba el salario mínimo interprofesional por los pluses, como desveló ‘El País’.

La violenta agresión de un hombre a un vigilante en una estación de Cercanías de Madrid

El agresor golpeó con una porra al vigilante y después a una joven que intentó ayudar.

Antena 3 Noticias publica hoy un exclusiva un vídeo que muestra cómo un hombre se cuela en una estación de Cercanías de Madrid tras agredir a un vigilante de seguridad. Las imágenes muestran cómo el agresor corre luego tras una chica la que golpea hasta que varios viajeros acuden en su ayuda.



Detenido el supuesto agresor de un vigilante del estadio Wanda que perdió un ojo

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana a un hombre acusado de un delito de lesiones graves tras propinar un puñetazo al vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano durante la celebración del encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el pasado 18 de noviembre. El arrestado es integrante del grupo radical Frente Atlético y tiene diversos antecedentes policiales, alguno de ellos por hechos similares, según fuentes de la investigación.

Los hechos que motivaron la presente detención ocurrieron minutos antes de la finalización del partido cuando este hombre trató de entrar por uno de los accesos que custodiaba el vigilante cuando los tornos de entrada se encontraban ya cerrados. Fue entonces cuando este individuo le propinó un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo y huyó del lugar a la carrera.

La víctima fue asistida en un primer momento por los servicios médicos de emergencia presentes en el Estadio, pero ante la gravedad de las lesiones fue trasladado al hospital donde tras ser operado, le tuvo que ser extraído el globo ocular izquierdo. 

El visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio permitió a los agentes de la Brigada Provincial de Información (dedicada a la lucha antiterrorista y contra los grupos antisistema) identificar y localizar al autor de los hechos. Se trata de un hombre español de 27 años de edad el cual fue detenido el día de hoy como presunto autor de un delito de lesiones graves. En las próximas horas será puesto a disposición judicial.