Las últimas agresiones a vigilantes de seguridad que desempeñan su trabajo en ciudades como Madrid o Barcelona han llevado a este colectivo, a través de sus representantes sindicales, a exigir que se les considere agentes de la autoridad y se les faciliten más medidos de autoprotección.
El pasado fin de semana un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano perdió un ojo tras ser golpeado por un hombre que quiso entrar cuando el partido estaba a punto de finalizar y no atendió a las explicaciones del trabajador, golpeándole tan fuerte que perdió el globo ocular.
Esta agresión se suma a otras dos ocurridas a finales de octubre: una en Madrid, concretamente en la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios, donde un hombre golpeó repetidamente a un vigilante que le pedía que pagase, hasta que la víctima fue socorrida por una chica y luego por más compañeros y policías que lograron reducir a un hombre totalmente exaltado.
La otra fue en Barcelona, donde varios pasajeros de Metro de Barcelona agredieron a tres vigilantes de seguridad, que sufrieron lesiones de diversa consideración, al intentar calmarles cuando estaban provocando alborotos en el interior de un convoy de la línea 5. UGT ha denunciado en un comunicado que en las últimas semanas el colectivo de vigilantes de seguridad privada "ha sufrido un número considerable de agresiones en el desempeño de sus funciones", que condenan enérgicamente y ante las que muestran su apoyo.
El responsable de Seguridad Privada en UGT, Diego Giráldez, ha explicado que defenderán que en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que ultima el Gobierno, se les dote de mayor cobertura legal y se conceda automáticamente carácter de agente de autoridad a estos profesionales en el desempeño de sus funciones, como ocurría hasta 1992. Partiendo de la base de que esta profesión conlleva riesgos, UGT considera que no es de recibo que no tengan consideración de agentes de la autoridad si son auxiliares de la autoridad pública en una situación de alerta 4 de nivel antiterrorista.
"Las agresiones que recibimos no pueden quedar en una simple y mera falta, en una condena leve por agresión.
El agredir a un agente de autoridad es un delito que conlleva penas de uno a cuatro años de prisión; hay que tener presente que la Ley de Seguridad Privada obliga a los vigilante a intervenir ante cualquier circunstancia que infrinja las leyes en sus puestos de trabajo", ha añadido.
En la misma línea, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada denuncia que las agresiones a vigilantes "comienzan a ser demasiado frecuentes" y pide una nueva reforma de la Ley de Seguridad Privada porque en su modificación de 2014 "no llegó a colmar las necesidades y carencias de los vigilantes" y "a día de hoy han de subsanarse de manera urgente".
"Nos encontramos en la misma situación de indefensión jurídica y desamparo que en el año 1992, cuando se rubricó la Ley de Seguridad Privada y pasamos de ser vigilantes jurados para convertirnos en vigilantes de seguridad, y nos despojaron del carácter de agente de autoridad", explica el responsable de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, que aboga por recuperar esa condición y también por contar con más elementos de protección.
Otra demanda es una mayor formación para los vigilantes, "un pilar básico para el buen desempeño de las funciones a la hora de la prestación del servicio", que debería de ampliarse en general y además ser específica cuando un profesional sea destinado a determinados lugares, como por ejemplo instalaciones militares.
"Con todo ello se lograría acabar con la impunidad de las que gozan los protagonistas de agresiones graves como las vividas en las últimas semanas", sostiene García.
