Comunicado de CC.OO. sobre procedimientos de despido colectivo de Segur Ibérica y de Consorcio de Servicios



Grupo Segur acuerda su venta a una multinacional de la seguridad tras entrar en concurso de acreedores.

Grupo Segur ha acordado su venta a una multinacional del sector de la seguridad para responder a sus necesidad de adaptación a las condiciones actuales del mercado, anunció la empresa en una nota.

La empresa asegura que, para materializar la compra, Grupo Segur inicia de forma voluntaria un proceso concursal acelerado que le permite legalmente contar con un plazo de tiempo para ordenar "aquellos aspectos administrativos en los que la empresa debe actuar con total responsabilidad pensando en el futuro a corto y largo plazo".

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la empresa ICTS se perfila como el posible comprador de Grupo Segur, cuya filial Segur Ibérica se encuentra inmersa en un ERE para toda la plantilla, formada por unos 4.000 trabajadores. La empresa ha negado que se trate de un ERE extintivo o de cierre.

Segur dice que ya ha trasladado a los representantes de los trabajadores la situación de venta, con el objeto de informarles sobre los aspectos concernientes a este marco de actuación que ahora se inicia.

La empresa adquiriente, afirma Segur, es una multinacional europea, de "contrastada fortaleza y solvente, con grandes capacidades tecnológicas, que busca mercados de inversión en España".

Los compradores han valorado positivamente de Grupo Segur su cartera de clientes de alto valor añadido y, con ello, las opciones de negocio que ofrece, con gran proyección empresarial en el mercado español.

El grupo añade que, con este anuncio, traslada "firmemente" no solo la continuidad de sus servicios con los clientes, sino también su consolidación con el nuevo escenario.

Segur Ibérica presenta concurso y propone despedir a toda la plantilla

Segur Ibérica ha comunicado a los representantes sindicales de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores ante los tribunales y que presentará un despido colectivo que, a falta de concretarse exactamente en que áreas se centraría, comienza afectando a toda la empresa. Ha sido este martes, en una comunicación que ha sorprendido a los propios sindicatos por su crudeza. El pasado 8 de noviembre, la compañía desmintió a Vozpópuli que hubiera concurso de acreedores ni que fuera a cerrar, tal y como se había informado.

El sindicato USO, que lanzó un comunicado sobre la reunión, calificó de "jarro de agua fría" la comunicación del concurso. Para ellos, "es una forma de decir que lo que pretenden es abaratar un ERE ya por sí muy abaratado gracias a las últimas reformas laborales". Según aseguran, la empresa ha asegurado que quiere dejar todos los servicios que considera deficitarios, "que según ellos son los que no dejan un margen de beneficio suficiente o que se retrasan sistemáticamente con el pago".

El objetivo es preparar la venta de la compañía y subrogar a muchos trabajadores

Por su parte, en CCOO destacan que el ERE se inició este pasado lunes 28 pero que "no se ha detallado todavía la afectación real ni señalado listados de puestos teóricamente afectados". La compañía estaría realizando este saneamiento con la intención de ser vendida a algún comprador. A día de hoy, el accionista mayoritario es el fondo español MCH, quien a través de MCH Iberian Capital Fund III, controla Segur Ibérica mientras está presente en el accionariado de Europastry (productor de masas congeladas), Talgo o Lenitudes (operador de hospitales).

A pesar del anuncio de que el ERE está dirigido a todos los trabajadores (el grupo Segur tiene unos 7.000 entre sus empresas Segur Ibérica, EAS, Consorcio de Servicios y Segur Fuego), difícilmente habrá tantos despidos ya que el objetivo es poder subrogar los trabajadores a las empresas comprantes. En muchos casos, el inicio del año podría tomarse como referencia para cambio del contrato. No obstante, el problema por el momento es que puede haber muchos servicios que sean deficitarios y tendrían complicado encontrar comprador.

Convulsos desde el verano

La situación en Segur Ibérica viene siendo compleja ya desde verano. Durante el mes de agosto Vozpópuli fue informado de que Segur Ibérica había sido embargada por parte de un juzgado de Madrid debido a unos impagos. Este diario se dirigió a la misma para comprobar si era cierto o no, recibiendo una negativa categórica por parte de su dirección de comunicación. Todo se debía a un error judicial ya subsanado, aseguraron, enviando posteriormente a este diario la documentación pertinente que así lo aseguraba.

El grupo confirma su venta

Grupo Segur ha enviado un comunicado confirmando que ha acordado su venta a una multinacional del sector de la seguridad para responder a sus necesidad de adaptación a las condiciones actuales del mercado. La empresa asegura que, para materializar la compra, Grupo Segur inicia de forma voluntaria un proceso concursal acelerado que le permite legalmente contar con un plazo de tiempo para ordenar "aquellos aspectos administrativos en los que la empresa debe actuar con total responsabilidad pensando en el futuro a corto y largo plazo". Segur dice que ya ha trasladado a los representantes de los trabajadores la situación de venta, con el objeto de informarles sobre los aspectos concernientes a este marco de actuación que ahora se inicia. La empresa adquiriente, afirma Segur, es una multinacional europea, de "contrastada fortaleza y solvente, con grandes capacidades tecnológicas, que busca mercados de inversión en España".

El Tribunal Supremo respalda el papel de las secciones sindicales

El Supremo ha admitido la legitimidad de las secciones sindicales para negociar un convenio de empresa de ámbito nacional, siempre que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.

La aprobación de la reforma laboral de 2012 fue el pistoletazo de salida para que muchas empresas se sentaran a negociar un nuevo convenio que se adaptara a esta normativa. Esto no sólo ha provocado trabajo extra para los representantes legales, sino también para los tribunales, que han tenido que pronunciarse sobre la idoneidad de los nuevos textos.

Esta avalancha de cambios ha provocado, sin embargo, que muchos de estos convenios hayan sido tumbados en los juzgados -al menos, parcialmente- por, entre otras razones, fallos de forma o de negociación. No es el caso del convenio de empresa de Alcor Seguridad que, aunque el Tribunal Supremo ha ratificado que la reducción salarial presentada en las nuevas tablas no tiene efecto retroactivo, no ha sido declarado nulo por el Alto Tribunal, como ha pasado, hasta ahora, con el resto de los documentos negociados por empresas de seguridad privada.

El fallo de la sala de lo social del Supremo, que ha sido dado a conocer recientemente, va más allá y da un espaldarazo a la labor que realizan las secciones sindicales en este tipo de discusiones. "La sentencia admite que la representación sindical puede negociar un convenio de empresa de ámbito nacional a pesar de que el propio sindicato se echara para atrás una vez cerrado el acuerdo e impugnara la decisión acordada por sus propios representantes", comenta Alberto Novoa, abogado laboralista de Ceca Magán.

El Supremo, que respalda la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, rechaza la anulación del convenio pretendida por los demandantes -cinco sindicatos- sobre la base de que se había negociado con una comisión híbrida, compuesta por representantes sindicales y por unitarios (delegados de personal y comité de empresa).

Y es que precisamente la segunda vía ha sido tumbada con anterioridad por los tribunales, como recuerda el propio fallo, porque "si se pretende negociar un convenio con los representantes unitarios, deberá acreditarse que representan a todos sus centros de trabajo. [...] La representatividad unitaria no se irradia de un centro a otro".

Para razonar su sentencia, el Tribunal Supremo recuerda el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la legitimación para negociar convenios de empresa por las secciones sindicales que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.

Mayoría de representantes

Es el caso del convenio de Alcor Seguridad. Para sortear esta traba y una vez advertidos por la Dirección General de Empleo de posibles defectos en la composición de la comisión negociadora, se constituyó una nueva formada, en esta ocasión, por las secciones sindicales de USO y UGT, que acreditaban la afiliación de 12 de los 17 representantes.

La sentencia concluye que "la bancada social estaba compuesta efectivamente por las secciones sindicales mayoritarias quienes, al suscribir el convenio, lo legitimaron plenamente, por lo que la firma de los representantes unitarios constituye un aporte suplementario de legitimación que, de no haberse producido, no hubiera afectado a la legitimidad del convenio".

Asimismo, el Alto Tribunal también rechaza la parte del recurso de USO que insiste en la falta de legitimidad de los firmantes para suscribir por sí solos un documento de ámbito estatal cuando los representantes sólo pertenecen a tres centros de trabajo.

Elecciones sindicales

Sin embargo, el Supremo señala que "si hay constituido un comité de empresa por elecciones llevadas a cabo en todos los centros de trabajo, y las secciones sindicales integrantes de la comisión negociadora representan la mayoría de los miembros del citado comité que, repetimos, es de toda la empresa, dicho está que las secciones sindicales firmantes tienen legitimación plena para suscribir el referido convenio".

El letrado de Ceca Magán Abogados subraya que esta sentencia es de especial relevancia para las empresas de prestación de servicios, ya que facilita la negociación de los convenios al reforzarse la legitimidad de las secciones sindicales en este tipo de actuaciones, siempre y cuando representen a la mayoría del comité de empresa tras unas elecciones celebradas en todos los centros de trabajo.

En libertad el acusado de apuñalar a un vigilante de Adif en la estación de Sant Vicenç de Calders (Tarragona)

La Audiencia Provincial ha decretado la excarcelación de Edgar C.S., el joven de 19 años acusado de haber apuñalado a un vigilante de Adif el pasado 3 de noviembre en la estación de Sant Vicenç de Calders. El joven ingresó dos días después en prisión por orden del Juzgado de Instrucción 4 de El Vendrell acusado de un delito de tentativa de homicidio. Ahora, la máxima instancia judicial de la demarcación considera que no hay riesgo de reiteración ni riesgo de fuga ya que tiene domicilio conocido y arraigo familiar en España. Se tendrá que personar cada lunes en el Juzgado, tiene que entregar el pasaporte y se le prohíbe abandonar el país.

Poco después de las tres de la tarde del 3 de noviembre, dos jóvenes destrozaron el baño de un vagón de tren. Unos pasajeros alertaron de los hechos a los dos vigilantes de Adif, que salieron en persecución de los autores por uno de los andenes. Uno de los jóvenes sacó una navaja de la chaqueta y atacó al vigilante. El pinchazo dirigido a la zona del corazón fue parado por el teléfono móvil que llevaba en la chaqueta. Poco después, los dos alborotadores fueron detenidos por los Mossos y dos días el sospechoso de la agresión con el cuchillo ingresaba en prisión.

El abogado defensor pidió que se dejase sin efecto la medida cautelar. Apuntaba, entre otros motivos, que su cliente no ha cometido ningún delito castigado con una pena igual o superior a los dos años, ni tampoco existen motivos bastantes para considerarle responsable criminalmente de los mismos. Tampoco existe ningún peligro de que intente ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para la investigación. El fiscal solicitó que el acusado siguiese en prisión preventiva.

Para la Audiencia, de la declaración de los agentes de seguridad, del visionado de las grabaciones de la estación, la navaja usada, el estado en que quedó la camisa y de la funda del vigilante denotan que los cargos contra el acusado son sólidos. Los magistrados consideran que modificar la medida no tiene porqué frustrar la presencia del investigado en el procedimiento, más teniendo en cuenta que tiene arraigo familiar en España y domicilio fijo, si bien carece de trabajo. En este caso tampoco hay riesgo de afectación de los bienes de las víctimas.

La Audiencia Nacional estima el Convenio Colectivo plenamente legal

Estimados compañeros:

Os informamos de la la Sentencia de la Audiencia Nacional que desestima la denuncia de la asociación Fes, que trataba de impugnar parcialmente el Convenio Colectivo.

Se adjunta nota informativa de CC.OO.

Un cordial saludo


                   Nota informativa                                          Sentencia

Proceso de despidos colectivos en EAS TECNO SYSTEM en Madrid

Estimados compañeros:

Os informamos que en el día de ayer, le fue comunicado a la sección sindical de EAS TECNO SYSTEM en Madrid, la intención de iniciar un procedimiento de despidos colectivos por causas económicas, que solamente afectara al ámbito de Madrid.

El proceso se iniciará el día 29 de noviembre de 2016 en la sede de la empresa en Madrid en la c/ Juan de Mariana nº15.

Actualmente no tenemos mucha información al respecto, esperamos tener más información el día del inicio del período de consultas

Os seguiremos informando

Concentración en Segur Ibérica-Madrid

Cartel conjunto de la concentración del día 28 de Noviembre en la sede de Segur Ibérica en la C/ Juan de Mariana nº15, la concentración será en horario de 10 a 14.


El sector de la seguridad privada explota: nadie ha reconocido a los vigilantes del 11-M

Una docena de agentes uniformados atendió a las víctimas en los andenes de Atocha tras el estallido de las bombas, pero estos solo han sido homenajeados por el sector.

Desde que Madrid sufriera los atentados del 11 de marzo de 2004, las administraciones públicas han reconocido a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y a las víctimas de la catástrofe que acabó con la vida de 193 personas por sus actos heroicos y su valor durante las 10 explosiones que los yihadistas colocaron en cuatro estaciones de tren. Algunos eran homenajeados y otros, condecorados. Sin embargo, entre ellos nunca ha habido vigilantes de seguridad.

Una docena de vigilantes de seguridad privada atendieron a los cientos de personas heridas que había en los andenes de Atocha. Fueron los primeros profesionales en llegar porque trabajaban allí, a pie de obra, controlando accesos y zonas de paso. Auxiliaron a los lesionados y facilitaron la evacuación de los vagones antes de que aparecieran las ambulancias, los policías nacionales o los municipales, responsables al fin y al cabo de gestionar una emergencia de tales dimensiones. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ha reconocido a ninguno de ellos.

Así lo ha puesto de manifiesto hoy el secretario general de la patronal de empresas de seguridad, Eduardo Cobas, durante la presentación de una encuesta sobre el sector elaborada por Canal Sondeo. Cobas ha admitido su decepción porque ningún Gobierno se haya atrevido a reconocer públicamente la labor de esa docena de vigilantes que hicieron todo lo posible por atender a los viajeros, tanto a los heridos como a los que querían salir. La mayoría de estos profesionales, ha subrayado Cobas, han estado en tratamiento psicológico durante mucho tiempo por la traumática experiencia que vivieron.

Aun así, según el mismo sondeo, "la percepción sobre los vigilantes de seguridad ha mejorado en los últimos años". Así lo percibe el 62% de los encuestados, que también en ese mismo porcentaje valora como buena o muy buena la existencia de esta figura. Siete de cada 10, además, ven con buenos ojos que los vigilantes controlen infraestructuras críticas en un contexto de incremento de la amenaza del terrorismo internacional. En este sentido, en España el Gobierno pretende introducir un modelo mixto de protección de estas instalaciones, donde ya se han desplegado 200 guardias civiles en colaboración con vigilantes.

Elementos como los filtros para seleccionar a los profesionales que se encarguen del control de estas infraestructuras o la presencia de miembros de seguridad privada en calles y zonas comerciales, sin embargo, se encuentran aún pendientes de que el Ejecutivo desarrolle reglamentariamente la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014 por el Congreso de los Diputados. Este es uno de los retos que de hecho planteará el presidente de Aproser, Ángel Córdoba, al nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la reunión que el primero pedirá al segundo en los próximos días.

Un sector diferente

En ese encuentro, Córdoba también pretende hacer ver a Zoido que la reforma laboral del Gobierno debe ser matizada en sectores en los que, como el de la seguridad privada, existe una fuerte presencia de mano de obra. "No son iguales al resto", ha asegurado el presidente de la patronal en la mencionada presentación. Córdoba ha explicado que las empresas que se descuelgan del convenio para ofrecer un precio más bajo que el resto y llevarse los concursos, que básicamente se adjudican a la oferta más barata, lo que hacen en el fondo es "competencia desleal".

El incremento durante los últimos años de empresas de seguridad que bajan el sueldo a sus empleados hasta apenas 700 euros al mes, con el fin de poder concurrir a una oferta pública lo más barato posible, está rompiendo el sector en dos. Por un lado, las mercantiles que están dispuestas a pagar por debajo de convenio y, por otro, las que tienen intención de seguir respetando el pacto con los sindicatos, que en algunos casos han declarado una auténtica guerra judicial a sociedades como Alcor o Seguridad Integral Canaria, a las que denominan piratas del sector. 

Hoy por hoy, todos están recuperados y algunos han vuelto a ejercer tareas de seguridad, ha explicado el secretario general de Aproser, quien también ha confesado sentir un poco de envidia de Francia, que sí ha homenajeado a los vigilantes que ayudaron a los ciudadanos tras los últimos atentados sufridos por el país. Se han ocultado las identidades, pero se les ha hecho algún tipo de reconocimiento con el fin de honrar y agradecer la labor que han prestado a sus compatriotas, detalla Cobas.

Hace dos años, la Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada se quejó ante la Delegación del Gobierno y la Secretaría de Estado de Seguridad de que ningún organismo público había tenido un detalle con los vigilantes. Solo la entonces delegada, Cristina Cifuentes, respondió a su petición asegurando que haría llegar sus quejas al Ministerio del Interior, que sin embargo nunca tomó una medida de reparación social.

Cobas admite que durante estos últimos 12 años el sector sí que ha homenajeado a los profesionales que actuaron el 11-M, pero se queja de que este reconocimiento no haya venido nunca del Ministerio del Interior ni de la Administración en general. Durante la mencionada presentación, el secretario general de Aproser ha destacado, en la misma línea, que la mayoría de los encuestados (el 73%) considera que la profesión de vigilante no tiene el reconocimiento social adecuado. Solo una de cada cuatro personas cree que sí.

Dan por finalizado el encierro de Segur Ibérica en Oleiros (A Coruña) al pagar la empresa los salarios pendientes

Los sindicatos CC.OO., CIG y USO, que desde el pasado miércoles mantenían un encierro en las instalaciones de Segur Ibérica en Oleiros (A Coruña) por el impago a 50 trabajadores, han dado por finalizada esta medida este martes.

La "reunión permanente" con representantes de la empresa acaba, según informa la federación de trabajadores de seguridad privada (FTSP-USO) a través de un comunicado, toda vez que el director territorial de la zona noroeste ha informado de que la compañía ha ingresado los salarios pendientes.

Esta situación, apunta USO, ha sido comprobada a través de comunicaciones de compañeros afectados. "Alcanzado el objetivo propuesto para esta reunión permanente, procederemos a finalizar la reunión en el transcurso de la tarde", indica la organización.

Por su parte, UGT, que no estaba presente en esta movilización, pero convocó concentraciones a partir de este miércoles --que mantiene hasta confirmar el cobro de las cantidades pendientes--, constata el abono de las nóminas a los empleados adscritos a la Universidade de A Coruña (UDC).

Esta central asegura a Europa Press que "ante la postura de la empresa de no pagarles a los vigilantes adscritos a los distintos servicios del Grupo Tojeiro, este cliente ha decidido retener los pagos y pagar directamente a los trabajadores afectados". Con todo, advierte de que los trabajadores consultados "aún no tenían reflejado el ingreso en sus cuentas".

Detenida una pareja en Valladolid por pegar a un vigilante de seguridad

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a un matrimonio de 63 y 61 años por un presunto delito de robo con violencia, tras agredir a un vigilante de seguridad que le echó el alto cuando trataba de abandonar un establecimiento sin abonar distintos productos. 
Los hechos sucedieron la tarde del pasado martes día 15 en una empresa del Polígono de San Cristóbal, cuando un vigilante de seguridad, a través de las cámaras de videovigilancia, observó a un hombre y a una mujer ocultando productos entre sus ropas.

Debido a ello, cuando la pareja salía del establecimiento fue requerida por el personal de seguridad para que se dirijiera a la zona de control al objeto de comprobar si, efectivamente, se llevaba productos sin abonar. 
La mujer, lejos de acceder al requerimiento, optó por dirigirse a la puerta de salida del comercio, siendo interceptada por un vigilante momento, en el que ésta la emprendió a golpes y empujones con dicho empleado.

El marido, al observar la escena, fue hacia ellos y golpeó al mismo vigilante con el carrito de la compra para posteriormente abandonar los dos precipitadamente el establecimiento en su vehículo, huyendo por la dirección prohibida del aparcamiento, a la vez que se iban deshaciendo de algunos de los artículos supuestamente sustraídos. 
En la investigación posterior se ha podido comprobar que los productos que trataban de llevarse no superaban los 30 euros.

El matrimonio, que carece de antecedentes policiales, fue puesto en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales. 
Estas detenciones han sido practicadas por funcionarios del Grupo Tercero de la Comisaría de Las Delicias, en colaboración con agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, ambas pertenecientes a la Comisaría de Valladolid.

Aproser presenta los resultados del estudio sobre la percepción de la Seguridad Privada en España

El 64% de los ciudadanos considera adecuada una mayor presencia de Vigilantes de Seguridad en calles y zonas comerciales. La percepción sobre los Vigilantes de Seguridad ha mejorado en los últimos años, según el 62% de los españoles. El 72% considera adecuada la mayor presencia de Seguridad Privada en infraestructuras críticas, ante el incremento de la amenaza del terrorismo internacional. En cuanto a la protección jurídica, el 53% intuye que la ley no protege lo suficiente a los Vigilantes de Seguridad. Casi tres de cada cuatro encuestados, el 72%, cree que no hay suficientes Vigilantes por habitante en España y considera que habría que acercar su número a la media europea.

Aproser, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, ha presentado los resultados de un estudio sociológico sobre la percepción de la Seguridad Privada en España, elaborado por Canal Sondeo. El estudio ahonda en los aspectos esenciales que inciden sobre la Seguridad Privada en España. Así, aborda temas como son la percepción y valoración del cometido de los vigilantes de seguridad, los lugares en los que la Seguridad Privada debería consolidar o incrementar su presencia, la protección jurídica y el reconocimiento social de los profesionales o los criterios de contratación de los servicios de Seguridad Privada.

Una de las principales conclusiones que se extraen del estudio es que cuatro de cada cinco españoles se siente más seguro en los lugares en los que hay presencia de vigilantes de seguridad, concretamente el 79% de los encuestados opina que se siente muy seguro o bastante seguro.

Asimismo, los encuestados se pronuncian sobre en qué lugares incrementar la presencia de los vigilantes de seguridad. En concreto, el 64% de los encuestados considera adecuada una mayor presencia de vigilantes en calles y zonas comerciales, priorizando su asistencia en horario comercial, el 48%. Por otro lado, el 45% opta por solicitar mayor presencia de Vigilantes en calles de ciudades en general y el 43% en las calles y barrios en los que residen. También valorarían positivamente que hubiera vigilantes de seguridad en otros espacios como centros escolares (colegios, institutos y universidades) y en parques y jardines. En este sentido, España cuenta con una media de un vigilante por cada 600 habitantes, mientras que en Europa es uno por cada 250 habitantes. Ante estos datos, el 72% de los perfiles contrastados cree que no hay suficientes vigilantes por habitante en España y que es necesario asemejar el dato a la media europea. A este respecto, más de la mitad de los encuestados, el 57%, no sustituiría a los Vigilantes por personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en determinadas funciones como los controles de acceso.

Con respecto a la percepción que tiene el ciudadano sobre el Vigilante de Seguridad Privada, cabe destacar que el 62% valora como buena o muy buena esta figura, mientras que sólo el 5,7% manifiesta una opinión negativa. Además, aunque para la gran mayoría de los encuestados, el 69%, su percepción no ha cambiado, el 16% reconoce que ha mejorado. En este sentido, el 24% señala el factor “sensación de seguridad” como la característica mejor valorada de los vigilantes de seguridad.

Otros motivos que aportan valor al desempeño de las labores de estos profesionales son que las tres cuartas partes, el 75% de los españoles, considera como algo necesario la función del Vigilante de Seguridad, seguido de su contribución a aumentar la seguridad ciudadana en general, el 71%, y por considerarlo una ayuda para la sociedad, el 69%.

Además, según el estudio, el 66% considera que la profesión de vigilante de seguridad es dura y el 64% indica que está poco valorada. Del mismo modo, el 52% piensa que los vigilantes de seguridad complementan adecuadamente las labores de la policía y la guardia civil.

En cuanto a la protección jurídica, el 53% intuye que la ley no protege lo suficiente a los vigilantes de seguridad y el mismo porcentaje percibe que la ley ampara más a los presuntos delincuentes que a los vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones.

Ante la actual amenaza terrorista internacional, el 72% coincide en dedicar un mayor número de vigilantes en las infraestructuras críticas como son el transporte o las centrales nucleares entre otras.

El sector de la Seguridad Privada, clave en la economía y sociedad de nuestro país

La Seguridad Privada es un sector que contribuye al PIB nacional y proporciona trabajo a más de 100.000 profesionales, entre los cuales el 90% dispone de contrato indefinido. En este sentido y tal y como arroja el estudio, nueve de cada diez encuestados desconoce la aportación del sector de la Seguridad Privada a la sociedad.

Con respecto al reconocimiento social del vigilante de seguridad, continúa siendo un tema pendiente, ya que el 73% de los encuestados cree que esta profesión no tiene el reconocimiento social adecuado.

Retos pendientes que inciden en la percepción de la Seguridad Privada

Durante la presentación del estudio, Ángel Córdoba, presidente de Aproser, ha recordado aquellos retos que sin duda inciden de forma directa en la percepción de la Seguridad Privada en España. A este respecto, ha destacado las siguientes cinco prioridades; la necesidad de acometer la trasposición de la nueva Directiva Europea de Contratación Pública, el ajuste del Estatuto de los Trabajadores para un tratamiento más adecuado de las condiciones laborales de los trabajadores en sectores intensivos en mano de obra, la responsabilidad social y subsidiaria de la Administración como licitador y contratante de servicios de seguridad, la finalización y entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, y el desarrollo de un modelo de formación profesional para que los futuros profesionales del sector puedan contar con las capacidades y habilidades necesarias, tal como se establece en la nueva Ley como vía complementaria de acceso a la profesión.

Metodología de trabajo del estudio

El estudio ‘Percepción de la Seguridad Privada en España’ ha sido realizado por Canal Sondeo, primer instituto 100% online en obtener el certificado Aenor que garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad más exigentes. Para la construcción de este estudio con representatividad nacional (Cuotas N:100 por área Nielsen), se ha trabajado de forma online con 900 perfiles.

Para la elección de la muestra, se han tenido en cuenta los criterios de género, edad y región. El margen de error muestral del estudio es de +/-3,27% a un nivel de confianza del 95%. Igualmente, el presente estudio se ha realizado cumpliendo la normativa Aenor UNE – ISO 20252 de Investigación de Mercados.

Un detenido por amenazar de muerte a un vigilante y una cajera (Castellón)

La Policía Nacional detiene a un hombre en el Grao de Castellón por amenazar de muerte a dos trabajadores de un supermercado, que sorprendieron a la madre del detenido comentiendo un hurto.

Los trabajadores del supermercado, después de sorprender a la clienta comentiendo un hurto, y tras días de sospechas, pidieron a la señora que no volviese.

Tras este suceso el hijo de la mujer, y ahora detenido, acudió a la tienda y se dirigió a la cajera y al vigilante de forma agresiva y amenazándoles de muerte.

El detenido es un varón de 36 años y con antecedentes policiales.


La Policía Nacional detiene a un hombre por amenazar de muerte a los trabajadores del supermercado que sorprendieron a su madre sustrayendo mercancía.

Según un comunicado de la Policía Nacional, el 12 de noviembre se recibía una denuncia en la comisaría de Castellón. En ella, un vigilante de seguridad y una trabajadora manifestaban haber sufrido unas amenazas mientras trabajaban en un establecimiento de alimentación de Castellón. Al parecer, ambos sospechaban que una clienta habitual del supermercado podría estar sustrayendo mercancía.

El día en el que se produjeron las amenazas, "la mujer entró al supermercado para hacer la compra y cogió varias cosas, entre ellas, una cuña de jamón que había pedido en la charcutería. Al llegar a la línea de cajas no llevaba la cuña de jamón por lo que la cajera le preguntó dónde la había dejado", indican las mismas fuentes. En ese momento, sacó la cuña de jamón del bolso y se la entregó a la trabajadora. El vigilante y el gerente de la tienda, en una dependencia aparte, le dijeron que sabían que no era la primera vez que ocurría y le pidieron que no volviese a la tienda porque en caso contrario, avisarían a la policía.

Quince minutos más tarde, el marido y el hijo de la mujer acudieron a la tienda para hablar con el encargado. Según relataron en su denuncia, el hijo se dirigió a la trabajadora que se encontraba en la caja diciéndole a voces "te voy a matar, hija de puta, mora de mierda, a mi madre no le tratas de ladrona", tras lo cual salió del local y se quedó junto a la puerta.

El vigilante salió de la tienda para hablar con él y explicarle lo ocurrido, respondiendo éste de forma agresiva "te voy a matar, ya te puedes ir del Grao, quítate eso que llevas que te reto". La familia abandonó el lugar al ver que avisaban a la policía.

Tras la investigación policial, los agentes han averiguado que el presunto autor de las amenazas, ya detenido, es un joven español de 36 años de edad y con antecedentes policiales.

Miembros del comité de empresa de Segur Ibérica en A Coruña se encierran en la delegación de Oleiros


Protesta de trabajadores por los impagos y el posible ERE de la firma.


Miembros del comité de empresa de Segur Ibérica y responsables de CC.OO., USO y CIG han empezado un encierro en la delegación de la empresa, en Oleiros.

Según ha informado a Europa Press el presidente del comité, Juan Meizoso, el encierro se prolongará "el tiempo que haga falta", hasta que reciban información concreta sobre las intenciones del grupo --que anunció hace días que acometería un ERE-- y hasta que paguen a los 50 compañeros a los que, aseguran, no se les ingresó la nómina del último mes.

En total, son 10 personas las que componen el comité y están reunidas con el delegado territorial de Segur Ibérica. Anuncian que se quedarán en estas instalaciones "de forma indefinida".

"Dicen que no hay dinero, pero lo hay", ha criticado Meizoso, quien también se refiere a que se especula con que el grupo vaya a concurso de acreedores.


Los trabajadores de Segur Ibérica afrontan su cuarto día de encierro

Las instalaciones de Segur Ibérica vivieron ayer el tercer día de encierro de 11 personas que reclama la paga atrasada de 51 de los 360 trabajadores de la plantilla a los que la empresa les adeuda 65.0000 euros en sueldos atrasados. 

Hasta hace un año, Segur Ibérica era la empresa que proporcionaba vigilancia a la Fábrica de Armas, pero abandonó el servicio cuando la concesionaria de Hércules de Armamento le adeudaba ya 500.000 euros. “Hay un problema de solvencia económica y la intención de ellos es sanear la empresa con la entrada de un inversor extranjeros”, explicó Iván Blanco, de FTSP-USO. 

De momento, los trabajadores están animados y esperan que, con esta medida de presión, logren que se les empiecen a abonar los salarios la semana que viene. 

Segur Ibérica está pendiente de inicio de un ERE el día 25 a nivel nacional, según el comité de empresa formado por USO, CCOO Oy CIG. “Hay desinformación, la empresa no nos confirma cuánta realizarán los abonos de los salarios”, denuncia Blanco. Y no piensa marcharse hasta que lo hagan, así que siguen durmiendo en el suelo, en sacos de dormir. 

Por deudas

La empresa justifica el impago de los salarios por la mora que sufre de sus clientes, que no le abonan sus servicios a tiempo, y que ya acumulan una importante cantidad. 

Pero los sindicatos mantienen que ese no es problema suyo, y que los empleados están realizando su trabajo a diario. Y que, por tanto, también se les debe pagar por cada día.

La CNMC multa a Prosegur y Loomis con 46 millones por formar un cártel

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 46,4 millones de euros a Prosegur Compañía de Seguridad y a su filial Prosegur Servicios de Efectivo España, así como a Loomis Spain, por repartirse el mercado, acordar precios e intercambiar información sensible para el transporte y manipulación de fondos.

Prosegur ha sido multada con 39,4 millones de euros y Loomis Spain con 7 millones. Además, la CNMC ha impuesto sanciones a directivos de ambas compañías por valor de 52.600 euros (36.000 euros a José Luis Illana Garcia -Prosegur- y 16.600 a Juan Miguel Mata Montejo -Loomis-).

Según ha informado el organismo sancionador en un comunicado, las empresas incurrieron en una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea durante al menos siete años, entre 2008 y 2015.

La existencia de estas prácticas anticompetitivas se ha acreditado, entre otras vías, a través de los contenidos de los correos electrónicos de los empleados en correos electrónicos, así como en la actitud adoptada por Loomis y Prosegur en el mercado con el fin de respetar la posición del rival en el mercado, afirma la CNMC.

Una denuncia anónima puso sobre la pista al organismo regulador tras dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014.

La resolución no admite recurso administrativo, aunque sí a través de la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional en los próximos dos meses.

Prosegur ya ha anunciado que recurrirá la sanción al considerar que ha actuado con respeto a la legalidad vigente.

A juicio de la empresa, el organismo supervisor no ha tenido en cuenta al menos dos cosas que inciden “de manera directa” en la gestión del negocio de la logística de valores y en la gestión de efectivo: la subrogación laboral y la subcontratación.

Según ha explicado, las empresas que, como Prosegur, aplican el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, “garantizan una importante protección al empleado”. No obstante, “esta situación se traduce en un mayor coste para el nuevo prestador del servicio cuando hay un cambio de proveedor”, pues este está obligado a asumir todo el personal del proveedor anterior que se acoja a su derecho a subrogarse.

Acta Comisión Negociadora Convenio Colectivo y comunicado.

Acta del día 10 de Noviembre de la comisión negociadora del convenio estatal de empresas de seguridad privada y comunicado conjunto de los sindicatos presentes en la misma.

        

                     Ver acta                                                              Ver comunicado

Comunicado de CC.OO. para trabajadores de Segur Ibérica

Comunicado de de la Federación Estatal de CC.OO de Construcción y Servicios en referencia a la situación actual de la empresa de seguridad Segur Ibérica.


Comunicado apertura negociacion de E.R.E en Segur Ibérica y nota informativa de CC.OO.

Buenos días,os hago llegar el comunicado de la empresa sobre la apertura de negociación para aplicar un expediente de regulación de empleo.

Esta es la única noticia verad hasta la fecha.

Os mantendré informados.



Ver documento                                              Ver nota informativa

Noticias de prensa sobre el ERE de Segur Ibérica.

Segur Ibérica plantea un ERE para el 100% de su plantilla: 4.000 trabajadores.

La empresa Segur Ibérica, que facilita servicios de vigilancia y personal de seguridad, ha comunicado a los sindicatos que plantea despedir a toda su plantilla, integrada por 4.000 trabajadores en España, de los que 900 están en Cataluña, lo que la abocaría al cierre. A pesar de los reiterados intentos de Cinco Días, la empresa no ha explicado por ahora cuales son sus planes de futuro y si esta medida la abocaría a cerrar toda su actividad.

La compañía, con sede en Madrid, ha dado a conocer estos planes después de que la plantilla no haya cobrado la nómina del pasado mes de octubre, ha informado UGT en un comunicado. 

Este sindicato asegura que hacía tiempo que se conocían las dificultades económicas de la compañía, que podría haber intentado buscar un comprador para el negocio.

Sin embargo, fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que aún no se han concretado los detalles del proceso y han insistido en que el ERE no afectará a los 4.000 trabajadores de la compañía.

Según han señalado, la dirección de la empresa de seguridad solamente ha convocado a los comités de empresa a una mesa de negociación para “sentarse a analizar” la situación de Segur Ibérica.

En opinión de la empresa, “no es un ERE extintivo ni de cierre”, sino un procedimiento de “adecuación de la estructura del negocio actual” de la empresa que podría causar algún “sobrante de plantilla”.

La compañía, que fue presidida por el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta su entrada en el Gobierno, cuenta actualmente con unos 4.000 trabajadores en varias ciudades españolas, como Cataluña, Madrid, Valencia, Alicante o Murcia, entre otras.

Por su parte, el Grupo Segur, al que pertenece Segur Ibérica, cuenta con seis direcciones territoriales (Noroeste, Norte, Centro, Cataluña, Levante y Sur) y 27 delegaciones repartidas por el país.

El grupo registró una facturación de 237,95 millones de euros en 2015, un 5,7% más que el año anterior, mientras que la plantilla aumentó en 620 trabajadores durante el último ejercicio, hasta 7.800 empleados

UGT ha reivindicado un plan de viabilidad para la plantilla de esta empresa del sector de la seguridad privada.

Segur Ibérica es una filial del Grupo Segur, que en su página web se presenta como la tercera empresa de seguridad privada más importante en España y la única que desarrolla servicios de alta especialización, como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico.

En concreto, Segur Ibérica ofrece servicios de arrendamiento de vigilancia, protección de bienes, establecimientos, certámenes y convenciones, escoltas, planificación de actividades de seguridad o transporte de explosivos


Segur Ibérica presenta un ERE para todos sus trabajadores en España, unos 4.000

La empresa de seguridad privada Segur Ibérica, perteneciente al Grupo Segur, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, según ha informado UGT de Cataluña, afectará a toda la plantilla, unos 4.000 trabajadores en todo el país.

Este anuncio se produce después de que los trabajadores no hayan cobrado la nómina del mes de noviembre, de acuerdo con el sindicato, que rechaza el ERE presentado por la compañía esta mañana.

"Hace tiempo que se conocen las dificultades de la compañía y que se oyen rumores de posible venta", ha indicado la organización sindical a través de un comunicado.

En declaraciones a Europa Press, el responsable del sector de Seguridad FESMC-UGT de Cataluña, Diego Giráldez, ha mostrado su disposición a iniciar negociaciones con la dirección de la compañía y reivindicar un plan de viabilidad para la plantilla con el objetivo de evitar el cese de la empresa de seguridad.

La compañía niega que sea un ERE extintivo

Sin embargo, fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que aún no se han concretado los detalles del proceso y han insistido en que el ERE no afectará a los 4.000 trabajadores de la compañía.

Según han señalado, la dirección de la empresa de seguridad solamente ha convocado a los comités de empresa a una mesa de negociación para "sentarse a analizar" la situación de Segur Ibérica.

En opinión de la empresa, "no es un ERE extintivo ni de cierre", sino un procedimiento de "adecuación de la estructura del negocio actual" de la empresa que podría causar algún "sobrante de plantilla".

La compañía, que fue presidida por el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta su entrada en el Gobierno, cuenta actualmente con unos 4.000 trabajadores en varias ciudades españolas, como Cataluña, Madrid, Valencia, Alicante o Murcia, entre otras.

Por su parte, el Grupo Segur, al que pertenece Segur Ibérica, cuenta con seis direcciones territoriales (Noroeste, Norte, Centro, Cataluña, Levante y Sur) y 27 delegaciones repartidas por el país.

El grupo registró una facturación de 237,95 millones de euros en 2015, un 5,7% más que el año anterior, mientras que la plantilla aumentó en 620 trabajadores durante el último ejercicio, hasta 7.800 empleados.

Segur Ibérica, empresa que fue presidida por Morenés, prepara un ERE para miles de personas.

"Por la presente ponemos en su conocimiento que Segur Ibérica S.A tiene previsto iniciar, no antes del próximo día 25 de noviembre de 2016, un procedimiento de despido colectivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, aprobado mediante real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre".

La compañía ha negado que haya concurso y vaya a cerrarAsí comienza una carta enviada por José R. Centeno, director de recursos humanos del Grupo Segur, a sus empleados este mismo 8 de noviembre. En la carta se indica que "este procedimiento se llevará a cabo como consecuencia de la concurrencia de causas económicas e inicialmente está previsto que pueda afectar a la totalidad de los centros de trabajo de la empresa, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir el grado de afectación como consecuencia de la negociación llevada a cabo durante el periodo de consultas, así como de los acontecimientos que puedan producirse hasta la ejecución efectiva del despido colectivo".

Pedro Morenés, ministro de Defensa en el primer gobierno de Mariano Rajoy, fue presidente de Segur Ibérica hasta entrar al Ejecutivo. Curiosamente, este jueves fue uno de los tres ministros que no continuó en el Gobierno. Tal y como informó este diario en 2012, la compañía fue denunciada por fraude a la adminitración pública entonces, y en 2014 sus altos cargos fueron imputados por una jueza de Barcelona y por presunta estafa de 450.000 euros a Adif.

Durante el mes de agosto Vozpópuli fue informado de que Segur Ibérica había sido embargada por parte de un juzgado de Madrid debido a unos impagos. Este diario se dirigió a la misma para comprobar si era cierto o no, recibiendo una negativa categórica por parte de su dirección de comunicación. Todo se debía a un error judicial ya subsanado, aseguraron, enviando posteriormente a este diario la documentación pertinente que así lo aseguraba.

Este diario ha contactado con la compañía, que ha negado que vaya a haber concurso de acreedores y también que se vaya a despedir "ni mucho menos" a 4.000 personas. Sin embargo, sí han reconocido que la situación económica de la empresa obliga a realizar despidos. Precisamente este miércoles, 2 de noviembre, la compañía comunicaba en el Registro Mercantil que cambiaba de presidente, por cese o dimisión: Ignacio Suárez García sustituía a Luis Lara Díaz.

Segur Ibérica, de Grupo Segur, es la segunda empresa de seguridad privada por facturación según el ranking de empresas CNAE. Sólo Eulen Seguridad SA la superaría (hay que tener en cuenta que este ranking separa sociedades y, por ejemplo a Prosegur, la divide en 2 por lo que su presencia en el ranking queda minorada).l


Segur Ibérica descarta el despido de toda la plantilla.

La empresa de seguridad Segur Ibérica ha descartado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado a los representantes de los trabajadores vaya a afectar a toda la plantilla, aunque no ha ofrecido una cifra concreta de posibles afectados.

Fuentes de la compañía han explicado a Efe que lo único que ha hecho la dirección es plantear a los trabajadores la constitución de una mesa para negociar el ERE. Las fuentes citadas han indicado que la empresa baraja otras opciones, además de los despidos, para reducir la plantilla, como la recolocación de trabajadores.

Previamente, UGT había anunciado que la intención de Segur Ibérica era despedir a toda su plantilla, integrada en España por 4.000 empleados, lo que abocaría a la empresa al cierre. El sindicato aseguraba también que los trabajadores no habían cobrado la nómina de octubre.

Segur Ibérica es una filial del Grupo Segur, que en su página web se presenta como la tercera empresa de seguridad privada más importante en España y la única que desarrolla servicios de alta especialización, como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico.

En concreto, Segur Ibérica ofrece servicios de arrendamiento de vigilancia, protección de bienes, establecimientos, certámenes y convenciones, escoltas, planificación de actividades de seguridad o transporte de explosivos.

Compromiso de la Consejeria de Sanidad en los contratos de seguridad privada

Os hacemos llegar la nota de prensa sobre la reunión mantenida con el consejero de sanidad de la comunidad de Madrid y su compromiso con los trabajadores de la empresa sinergias de la consejería de sanidad de la C/aduanas 29 , así como con el sindicato cc.oo.


"Los vigilantes estamos vendidos. Con 800 euros reemplazan a un compañero muerto"

El vigilante de seguridad apuñalado en la estación de Sant Vicenç de Calders y que se salvó de consecuencias más trágicas porque el teléfono móvil que llevaba en la chaqueta impidió que el puñal llegase a su cuerpo, se recupera de lo que quedó en un susto. El vigilante, vecino de Segur de Calafell, ha optado sin embargo por coger unos días de baja.

La aparente normalidad volvía ayer a la estación de Sant Vicenç, donde a primera hora otra vez un único vigilante de seguridad permanecía en el andén. Diversos usuarios del tren se acercaban para preguntar por el estado de su compañero. Esos mismos usuarios lamentaron que como tantas otras veces sólo hubiese un vigilante.

Infraestructura estratégica

El ataque ha vuelto a revelar la precariedad en la que están los vigilantes, incluso en infraestructuras estratégicas como son las vías de tren, pese a estar en nivel cuatro de alerta terrorista. Un desamparo que denuncia la Asociación Marea Negra, que clama contra la falta de medios y apoyos con los que los vigilantes deben enfrentarse a diario.

Marea Negra advierte que un teléfono móvil ha salvado la vida a un vigilante «porque a pesar de estar en zonas conflictivas, como la estación de Sant Vicenç, carecemos de chalecos antiapuñalamiento». Y el de Sant Vicenç no es el primer ataque a vigilantes con objetos punzantes.

Recortes

Para Marea Negra la falta de medios ya parte del bajo presupuesto del gestor ferroviario Adif para vigilar sus instalaciones y que a su vez lleva a las empresas que optan a la concesión a bajar precios. La situación supone «dejar con mucho riesgo a los usuarios». No ya sólo por una acción terrorista, sino por la delincuencia más salvaje, como la que se vivió en la estación a mediodía del jueves.

Porque durante la mañana de ayer un único vigilante velaba por la seguridad en una de las estaciones más concurridas de la línea de Cercanías de Barcelona. En los horarios de tarde y de noche son dos los vigilantes. Un número también insuficiente, según los usuarios, que han denunciado la escasa vigilancia de la zona, que además queda apartada del núcleo urbano.

Los vigilantes están además desamparados por las autoridades judiciales y la administración. No sólo carecen del reconocimiento de agente de la autoridad que llevaría a mayores penas para los agresores, sino que también son cuestionados por la propia sociedad cuando realizan alguna acción de inmovilización o identificación a sospechosos.

«Turnos de 8 horas pasan a ser de 12». Y todo por un sueldo que ronda los 1.000 euros. «La seguridad sale barata a Adif. Si matan a un compañero, por 800 euros al mes ponen a otro», denuncia Marea Negra

Los vecinos ya avisaron de la peligrosidad de la estación de Sant Vicenç de Calders

«Mi padre me dijo ayer que no me acercase a la estación», explicaba un joven al vigilante de seguridad que en la mañana de ayer vigilaba la estación de Sant Vicenç. El vigilante sólo escuchaba. Otra mujer se acercó. «¿Cómo está tu compañero?». Aquí sí contestó: «Recuperándose del susto».

El ataque a los vigilantes era para los vecinos cuestión de tiempo. Ya se habían producido otros en la misma estación. Y volverá a haber más, decía la mujer.

La estación de Sant Vicenç de Calders carece de tornos para acceder a los andenes. Tampoco serían útiles. Hay numerosos accesos en ambos lados de las vías. Por ello es fácil ver a muchas persona en los bancos que no tienen pinta de ser usuarios del tren. La asociación de vecinos de Coma-ruga ha denunciado en reiteradas ocasiones la inseguridad que hay en la estación, por lo que reclaman patrullas de la Policía Local por lo menos a las horas de llegada de los trenes. Muchos padres van a buscar a sus hijos cuando llegan en tren principalmente desde Barcelona, adonde van a estudiar.

También los vecinos señalan un paso subterráneo que accede a la estación y que es una ratonera sin ningún tipo de iluminación.