Declaran nulo el despido de un vigilante de seguridad por llevar a juicio sus vacaciones.

Tras disfrutar de parte de su permiso de paternidad por el nacimiento de su hija.

Un juzgado de Sevilla ha declarado nulo el despido de un vigilante de seguridad, que fue llevado a cabo después de que el trabajador exigiera la ejecución judicial del cuadrante de vacaciones y tras dejar pasar los nueve meses reglamentarios por haber disfrutado de supermiso de paternidad.

Una sentencia del juzgado Social 11, a la que ha tenido acceso Efe, condena a la empresa a la "inmediata readmisión" del trabajador con las mismas condiciones que tenía y a abonarle los salarios que dejó de percibir desde su despido.

Según la sentencia, el vigilante Manuel H.M. estaba contratadodesde mayo de 2008 y desarrollaba sus labores en el teatro de laSociedad General de Autores (SGAE) en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

El 4 de febrero de 2013 fue despedido por razones disciplinarias pues la empresa alegó continuos "incidentes y altercados con compañeros, clientes y superiores", pero la sentencia recoge que tales comportamientos no han quedado demostrados e incluso la empresa le regaló un robot de cocina y una máquina tostadora.

Esos obsequios se entregaban a los trabajadores "por su buen comportamiento y rendimiento personal", por lo que el abogado del trabajador, Antonio Moreno Bautista, llamó la atención sobre "la casualidad" de que "un trabajador ejemplar se vuelva indisciplinado y pertinaz justo después de iniciar los pleitos contra su empresa".

La juez afirma que "aparecen indicios de una posible vulneración de derechos fundamentales por cuanto el trabajador interpuso demanda contra la empresa en materia de vacaciones y después se produjo el despido".

Así, hubo un primer cuadrante de vacaciones en el que no se respetaba el acuerdo alcanzado y el trabajador, que estaba afiliado a CCOO, "tuvo que solicitar la ejecución judicial", explica.

La juez también considera demostrada la vulneración de derechosporque el trabajador disfrutó de parte de su permiso de paternidad por el nacimiento de su hija, ocurrido el 26 de abril de 2012, y la empresa esperó a despedirlo a que transcurrieran los nueve meses legales para evitar que la medida fuese declarada nula.

Según la demanda, el despido se produjo "escasas horas" después de haber transcurridos los nueve meses desde el nacimiento de su hijapara evitar el despido "nulo de pleno derecho" que prevé el Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos.

De todos los incidentes alegados por la empresa en la carta de despido,la juez solo considera demostrado uno ocurrido cuando surgió un problema con los cuadrantes de trabajo y Manuel H.M. dijo a un compañero "que dejara de meter el hocico en los asuntos que no le concernían, que era un perro de la empresa".

Dice la sentencia que todas las conductas descritas como causa de despido "son genéricas y no están acreditadas y el único hecho que se precisa en la carta", que es la citada frase a un compañero, "está prescrito y es muy dudoso que pueda ser calificado como falta muy grave que pueda justificar un despido".

Moreno Bautista argumentó que su cliente no había sido sancionado "en ni una sola ocasión durante los más de cinco años de prestación de servicios, ni siquiera una amonestación verbal" y que la única "causa real" fue que "se había atrevido a interponer dos demandas judiciales", una por el cuadrante de vacaciones y otra por horas extras impagadas.

Sorprendido por vigilantes de seguridad cuando intentaba robar en el Hospital General de Albacete.

Un hombre de 42 años, J.M.G.H. con amplio historial delictivo, ha sido detenido en Albacete cuando intentaba robar en el Hospital General. Según informó la Delegación del Gobierno, el detenido forzó la puerta de un despacho, donde fue sorprendido por los vigilantes de seguridad del complejo hospitalario. Por otra parte, dos mujeres de 18 y 48 años han sido detenidas también en Albacete por robar en un domicilio.

Concentración de vigilantes en A Coruña contra Eulen.


El fiscal pide tres años para los vigilantes de seguridad acusados de robar en los juzgados (Alicante).

El Ministerio Público también solicita prisión para la mujer de uno de ellos por revender las joyas en tiendas de compraventa de oro.

La Fiscalía de Alicante ha solicitado tres años de prisión para tres vigilantes del Palacio de Justicia de Benalúa por robar durante la noche piezas de oro y plata custodiadas en varios juzgados de Alicante. Los robos se cometieron presuntamente a lo largo de dos años en horario nocturno, que es cuando estos guardias de seguridad, pertenecientes a una empresa privada contratada por la Generalitat, prestaban sus servicios.

El fiscal también acusa de un delito de receptación a la mujer de uno de ellos por revender las joyas en tiendas de compraventa de oro conociendo el origen ilícito de las mismas. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, los tres vigilantes del Palacio de Justicia de Benalúa ejercían en el turno de noche, fuera de los horarios en que el personal de los juzgados no se suele encontrar en las instalaciones.

De manera concertada entre sí, según el escrito de acusación, y aprovechando esa circunstancia de ausencia de trabajadores, los acusados se apropiaron de efectos judiciales, principalmente joyas y piezas de valor como relojes almacenados en las dependencias de los juzgados. Las joyas supuestamente robadas eran piezas de convicción, es decir, aquellos objetos intervenidos durante registros y depositadas durante la instrucción de los casos en los juzgados.

Las sustracciones se cometieron, al menos, durante dos años, comenzando a principios de 2010 y hasta abril de 2012. Los vigilantes cogieron las llaves de la caja fuerte del juzgado de Instrucción número 2, que se encontraban en el cajón de la secretaria judicial. Así es como presuntamente abrieron la caja y sustrajeron de ella relojes, colgantes, anillos, unos pendientes con circonitas, sortijas, sellos de oro, gargantillas y un alfiler de corbata. Se llevaron hasta moneda extranjera (dólares y francos) así como monedas antiguas de coleccionista.

También sustrajeron un portaminas de la marca Montblanc propiedad del juez de Instrucción número 7 de Alicante, precisamente el juzgado que finalmente ha llevado el caso pero del que tuvo que apartarse el juez titular al verse afectado por la causa.

Entre marzo de 2011 y abril de 2012 los agentes cogieron las llaves del secretario judicial del juzgado de lo Penal número 6 de Alicante aprovechando su ausencia momentánea del despacho. Abrieron, según el fiscal, la caja fuerte sin su permiso y sustrajeron cuatro anillos dorados. Los tres vigilantes y la esposa de uno de ellos vendían posteriormente en tiendas de compraventa de oro las joyas robadas. En un principio, las piezas que se han podido recuperar durante la instrucción han sido valoradas en 13.381 euros.

El fiscal solicita para los vigilantes tres años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. Aunque no consta en el escrito de acusación, fuentes judiciales indican que se cometieron en total unos 60 robos y hurtos en prácticamente todos los juzgados de Benalúa que guardaban piezas de convicción.

El Ministerio Público también pide un año y seis meses de prisión por un delito de receptación para la esposa de uno de los agentes. Además, los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ministerio de Justicia con 13.381 euros así como la que se determine por los efectos sustraídos pero no localizados. También tendrán que indemnizar al juez de Instrucción número 7 de Alicante por el valor del portaminas una vez éste sea tasado. El fiscal ha solicitado como prueba testifical que el magistrado sea citado a declarar como testigo en el juicio oral.

Actas Comité de Empresa.

Acta de la reunión mantenida el 25 de Junio de 2014 por el Comité de Empresa.

Piden 156 años para los siete acusados por el golpe del siglo en Puerto Banús (34 para el vigilante de seguridad).

  • Tres hombres se concertaron con el vigilante de una gran superficie para llevarse 4,7 millones de euros en joyas 
  • Entraron disfrazados de obreros 
  • A punta de pistola maniataron a dos guardias y a tres trabajadores y los encerraron en una sala mientras reunían el botín
Si el asalto al tren de Glasgow en 1963 fue considerado el robo del siglo XX, el atraco a un gran centro comercial de Puerto Banús el domingo, 18 de noviembre de 2012, en el que los asaltantes lograron un botín de 4,7 millones de euros en relojes y joyas, bien podría ser el golpe del siglo XXI. La Opinión de Málaga ha tenido acceso, en exclusiva, al escrito de calificación fiscal de los hechos, en el que se pide un total de 156 años y medio de cárcel para los siete acusados, los tres supuestos atracadores, el vigilante que les facilitó el acceso a la superficie y las tres personas que recibieron el botín para traficar con él en el mercado negro.

La Fiscalía pide 38 años para dos autores del atraco, 41 para un tercero y 34 para el vigilante que les facilitó la entrada al centro. Les acusa de robo con violencia, cinco delitos de detención ilegal y robo de uso de vehículo. Uno de ellos además se enfrenta a un ilícito por tenencia de armas. Para los tres acusados de recibir las joyas se presentan cargos por receptación: para dos de ellos se piden un par de años de prisión y para una mujer acusada, año y medio. Asimismo, el acusador público reclama indemnizaciones que suman 2,4 millones de euros para las distintas firmas de joyería afectadas, de tal forma que la empresa de seguridad y su aseguradora serían responsables civiles subsidiarias.

El relato de hechos podría formar parte de cualquier película del género negro, con la salvedad de que sucedió de verdad. Cuenta la Fiscalía de Málaga que los acusados J. R. D. L., L. I. M., R. A. P. M. y J. A. G. G. se concertaron «para cometer un atraco» en un gran centro comercial de Puerto Banús el día 18 de noviembre de 2012, ya que al ser domingo el establecimiento estaría cerrado, y además coincidiría con el turno de trabajo de J. R. D. L., vigilante de seguridad del negocio. Éste, incluso, cambió su turno.

A las 16.20 horas de la tarde, tres de los acusados se presentaron en la puerta de la superficie «como supuestos trabajadores para realizar unas obras dentro» del edificio. Entraron además gracias al vigilante de seguridad, que les abrió la puerta sin obstáculos.

Una vez dentro, continúa el fiscal, los tres atracadores se pusieron sus respectivos pasamontañas. Ya sabían, porque se lo dijo el guarda, dónde había otros dos vigilantes y tres trabajadores. «Apuntaron con un arma de fuego con silenciador al jefe de seguridad y al auxiliar, atándolos, colocándoles cinta adhesiva en la boca y una capucha de tela negra impermeable». También ataron a tres empleados que hacían reformas en una tienda del conjunto comercial.

Uno de los acusados, siempre según señala la acusación pública en el escrito de acusación, se apoderó de las llaves del coche del auxiliar de seguridad, y el otro le sustrajo a su jefe una pistola cargada con seis cartuchos. Luego llevaron a los vigilantes y a los empleados a la sala de descanso del personal, y allí estuvieron hasta las 19.30, es decir, más de tres horas.

Luego, prosigue el acusador, su compinche les dio «el disco duro en el que se grababan las imágenes de las cámaras de vídeo vigilancia, así como todas las llaves que tenía de la zona de joyería y cajas fuertes».

Tras forzar muebles y en otros casos usando las llaves, los acusados se apoderaron de «joyas y relojes de gran valor», pertenecientes a primeras firmas, y causaron daños en el establecimiento. El valor, según la tasación pericial, de las joyas y relojes recuperados es superior a los 2,3 millones de euros, mientras que el material no recuperado vale 2,41 millones.

Una vez que se habían hecho con el botín, abandonaron el edificio los tres principales acusados y dejaron maniatados a las otra cinco personas, dice el fiscal. Para huir, cogieron el coche del auxiliar de seguridad, y el vigilante que ayudó a la banda se quedó en el establecimiento «aparentando ser víctima de los hechos».

Luego, la banda ofreció los relojes y joyas a tres personas para que traficasen con ellos, explica el fiscal, y parte del botín se halló en distintos registros: uno que se hizo en Jaén en febrero de 2013; otro en Santa Fe (Granada) en las mismas fechas, en concreto en la vivienda de uno de los atracadores donde éste residía con su novia. Y una tercera intervención domiciliaria, en casa de una tercera mujer, tuvo como consecuencia el hallazgo de dos relojes. La idea del primero de los acusados que recepcionó parte del botín era traficar con él. En la casa de Santa Fe, en la que vivía J. G. G., se localizaron cuatro pistolas, una de ellas supuestamente ilegal, así como 54 cartuchos de diverso calibre.

En tres de los atracadores concurre la agravante de disfraz, y en dos de ellos la de reincidencia, pues tienen antecedentes.

Acto Sindical: "La Huelga No Es Delito"‏



Acto Sindical 

Martes 1 julio a las 10h en Plaza de Callao, Madrid

Estimada compañera, estimado compañero:

La ofensiva que se viene produciendo contra nosotros, los y las sindicalistas, afiliados y afiliadas a sindicatos de clase como el nuestro, y que desde hace unos años se ha convertido en una campaña de desprestigio para limitar la efectividad y los éxitos de nuestra acción sindical, ha pasado a una nueva fase.

Casi 200 personas, la mayoría de CCOO, están siendo procesadas por haber participado en las huelgas convocadas para resistirnos al desmantelamiento del estado de derecho, y contra la pérdida de los derechos laborales y sociales que nosotros, y quienes nos precedieron, hemos conquistado y que el poder de la derecha, a través de sus herramientas -económicas, financiera, legislativa y judicial- pretende ahora arrebatarnos.

Esas 200 personas, somos cada uno de nosotros, tienen caras cercanas, es tu compañero de empresa, la compañera de la empresa de al lado, los compañeros de Granada y las compañeras de Pontevedra que van a ingresar en prisión de manera inminente por defender nuestros derechos y que han sido condenados nada menos que ¡por atentar contra la libertad de los trabajadores! O quizás tú, que estás leyendo esto, seas uno de ellos, en Madrid hay más de 15 personas con procesos judiciales abiertos.

Somos todos, porque lo que pretenden es anularnos, quitándonos nuestras herramientas, las mayores herramientas de defensa de los derechos de la clase trabajadora: el Sindicato y la Huelga y metiendonos, a cambio, miedo. Históricamente, los logros han venido cuando las personas asalariadas nos hemos unido y organizado para luchar juntos y cuando hemos sido capaces de unir nuestras fuerzas, para progresar, haciendo huelgas. No te dejes engañar, el avance social no ha sido fruto del desarrollo tecnológico, sino del esfuerzo y la lucha sindical.

El 1 de julio nos concentraremos en la Plaza de Callao en Madrid, a las 10:00, porque ¡No nos van a Callar!, no van a conseguirlo, seguiremos luchando por nuestros derechos, y estaremos allí, porque este proceso no es contra 200 personas, es un proceso contra cada uno de nosotros, es un proceso contra todos y todas.
                         
                 Cartél                                 Revista                                Revista 1

Ni una denuncia a vigilantes de seguridad por detención ilegal desde 2013.

Con una facturación anual de 3.600 millones de euros, las empresas de seguridad privada de España se sostienen pese a la crisis ahora afianzadas por la reciente reforma de la Ley de Seguridad Privada, en vigor desde el 5 de junio. Ésta confiere respaldo jurídico a una manera de actuar que ya se estaba aplicando de facto pero bajo un limbo normativo, pues los vigilantes de seguridad venían ya trabajando en la vía pública, pero con muchos vacíos legales. La nueva norma regula absolutamente el sector, lo saca de la selva, como se apuntaba ayer en el acto celebrado en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla con motivo del Día de la Seguridad Privada en el que se hizo entrega de distinciones a vigilantes de seguridad por actuaciones destacadas el año pasado por parte de los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

El evento contó también con un foro en el que los responsables de seguridad pública y de las empresas privadas destacaron las ventajas del nuevo marco legal, que sustituye a una ley de 1992 «que ya era puntera en Europa, la envidia de países como Italia o Alemania, con lo que ahora esta reforma nos coloca con mucha más diferencia con respecto a nuestro entorno, siendo una referencia mundial». Así lo destacó el comisario Esteban Gándara, de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, encargado de la coordinación con los vigilantes privados. Tanto él como los responsables de las asociaciones recalcaron un aspecto: el nuevo texto limita perfectamente la actuación de la seguridad privada a la posibilidad dedetención de delincuentes «como protección o bien para su puesta inmediata a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Los límites están muy bien definidos y, de hecho, no se ha producido ni una sola denuncia por detención ilegal en todo 2013 ni en lo que va de 2014, según apuntaron.

La ley no hace sino reproducir la facultad que los vigilantes ya tenían en sus funciones en la vía pública. De hecho, como apuntó a ABC el delegado en Andalucía de Aproser —asociación que aglutina al 70% de compañías—, Miguel Sánchez Pizarro, «cualquier ciudadano,con la normativa vigente, dispone de la facultad de detener a un delincuente. De la misma manera que la ley no prevé en modo alguno que un vigilante se vaya a dedicar a solicitar la documentación aleatoriamente a quienes transitan pacíficamente por la calle». Los límites están definidos aunque se ofreciera una imagen de la reforma distorsionada ante una presunta «privatización» de la Policía para ser suplidos por «seguratas». Todos los días se producen detenciones por parte de vigilantes de seguridad en centros comerciales o edificios públicos. Forma parte de la normalidad, es un trabajo complementario con el de la Policía, ante quien se pone inmediatamente a disposición al detenido.

Formación «policial»

Además, también quedó remarcado el hecho de que los profesionales de la seguridad privada en España tienen ya en la actualidad el mayor nivel de formación de todos los países de la Unión Europea, tanto por el contenido de la formación previa que reciben, por la existencia de un examen por la policía (con test físicos y psicológicos) antes de obtener la habilitación profesional y por la exigencia de una formación permanente durante toda su vida profesional, con un curso obligatorio anual de 20 horas. Reciclaje constante.

La reforma incluye una mayor protección jurídica al vigilante, ya que cuando las agresiones que sufran cuando actúan debidamente identificados, durante el ejercicio de sus funciones, y en coordinación o bajo mando de las Fuerzas de Seguridad, tendrán la misma calificación penal que si se hubieran cometido contra agentes de la autoridad. Se les permite la persecución en espacios públicos de delincuentes «que hayan sorprendido en flagrante delito» y se les protege legalmente como a policías, pero sus funciones están del todo subordinadas a éstos. El tono complementario es tal que los vigilantes privados podrán vigilar el perímetro de centros penitenciarios.

El TSJ de Navarra reconoce la incapacidad laboral de un vigilante de seguridad embarcado en atunero.

La Sentencia dicta que se declare en situación de Incapacidad Temporal derivada de contingencia profesional-accidente de trabajo, con los efectos inherentes a la misma: base de cotización, pago delegado de prestaciones de Incapacidad Temporal y devengo de complementos salariales según convenio, por el proceso de incapacidad temporal iniciado por el demandante el 6 de diciembre de 2011 y que deriva de una contingencia de accidente de trabajo, declarando como responsable de las prestaciones que resultara procedentes a MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, SEGUR IBERICA, S.A., INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL, SERVICIO NAVARRO DE SALUD , INSS y TGSS.

El trabajador y sus compañeros repelieron un ataque de piratas, tras lo que empezó a sufrir sentimientos de llanto, tristeza, estado constante de alerta y alarma ante cualquier ruido, pesadillas y flashbacks del episodio (ataque), sudoración, pérdida de peso e insomnio, manteniéndose en un estado de sobrealerta e hipervigilancia, sufriendo varios ataques de ansiedad.

La Sentencia determina como origen de la patologia los episodios de tensión vividos en la prestación de su servicio.

Madrid Semanal Digital nº 348, 24 de Junio de 2014.





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Un curso universitario enseñará cómo controlar la seguridad de un campo de fútbol durante un partido.

La Universidad CEU Cardenal Herrera y Secopsa impulsan la creación del título de Director de Seguridad, un curso universitario que enseñará cómo controlar la seguridad de un campo de fútbol durante un partido.

En septiembre dará comienzo la primera edición de esta titulación que responde a que la reciente Ley de Seguridad privada ha abierto nuevas oportunidades laborales en el sector, puesto que la nueva normativa ha incrementado notablemente las funciones de estos profesionales y empresas de determinados sectores productivos deberán dispone de un director de seguridad en plantilla por exigencia legal.

El nuevo curso universitario dotará a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar los cometidos propios de los directores de seguridad, ya que habilita automáticamente ante el Ministerio del Interior para ejercer esta labor profesional en cualquier empresa, sea pública o privada, asegura Secopsa en un comunicado.

Así, los alumnos visitarán centrales receptoras de alarmas, campos de fútbol durante un encuentro deportivo (CF Villareal), centros hospitalarios (Hospital General de Valencia), centros logísticos de alimentación (Consum) y oficinas bancarias (Cajamar), entre otros, para captar de primera mano el verdadero alcance de su futura responsabilidad profesional. Esta oferta formativa, con una duración de 10 meses, viene avalada por la experiencia académica de la CEU-UCH y la práctica profesional de Secopsa Seguridad. El programa permitirá conocer y comprender los contenidos desde una perspectiva real y eminentemente práctica mediante visitas técnicas para mostrarles cómo se gestiona la seguridad en distintos escenarios críticos en tiempo real, con el objetivo de que aprendan las labores que tendrán que desempeñar en el futuro, añaden.

La nueva ley, agregan los impulsores de la iniciativa académica, "supone un paso muy importante hacia la profesionalización del sector y su personal". Como ejemplo, agregan. la figura del Director de Seguridad que cobrará mayor importancia debido a las nuevas competencias de gran calado que se otorgan a este profesional, un hecho que abre un nuevo horizonte laboral en esta profesión.

Además, a partir de la entrada en vigor de esta Ley sólo se podrá ser jefe o director de Seguridad mediante un título universitario oficial reconocido por el Ministerio del Interior.

Las indemnizaciones por despido pasarán a tributar por IRPF.

El MInistro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado esta mañana nuevos aspectos de la reforma tributaria aprobada por el Gobierno el pasado viernes y que no se conocían.

Entre las novedades más relevantes en el ámbito socio-laboral, destacamos las siguientes:

1) Las indemnizaciones por despido pasarán a tributar por IRPF. 

Hasta la fecha, estas indemnizaciones estaban exentas en la cuantía establecida con carácter mínimo obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores (45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y 33 días tras la reforma).

Con la nueva reforma fiscal, todas las indemnizaciones por despido tendrán que tributar, aunque se beneficiarán de un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado (lo que permitirá que los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros o menos no tengan que pagar a Hacienda cuando sean despedidos).

En concreto, los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros al año que vayan a recibir una indemnización por despido de 1.833 euros por año seguirán exentos de tributación. De la misma forma, todos los contribuyentes que hayan tenido sueldos inferiores a 20.000 euros seguirán disfrutando de la exención del 100% de su indemnización si son despedidos.

En cambio, los que hayan percibido un sueldo de 30.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 2.750 euros por año trabajado disfrutarán de una exención del 72,72% del total tras aplicarles el mínimo exento.

Los que hayan cobrado 40.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 3.666 euros por año se beneficiarán de una exención del 54,55%, mientras que los que hayan percibido un sueldo de 50.000 euros y vayan a recibir una indemnización de 4.583 euros al año tras ser despedidos, disfrutarán de una exención del 43,64%.

Por su parte, los contribuyentes que hayan cobrado un sueldo de 100.000 euros al año y, tras ser despedidos, tengan derecho a una indemnización de 9.166 euros por año trabajado, tendrán derecho a una exención del 21,82% en la indemnización, una vez aplicada la exención.

Finalmente, los que hayan disfrutado un sueldo de 150.000 euros por año y vayan a percibir una indemnización de 13.750 euros por año tendrán una exención final del 14,54%.

Otras novedades relevantes son:

2) Se revisa la reducción general por rendimientos del trabajo, integrándose en la misma la actual deducción en cuota, al tiempo que se eleva su importe para los trabajadores de menores recursos. De esta forma, los trabajadores podrán minorar su rendimiento del trabajo en una cuantía fija de 2.000 euros en concepto de otros gastos.

3) Se incrementa la reducción aplicable a determinados trabajadores por cuenta propia o autónomos, al tiempo que se crea una reducción general para el resto de autónomos de menores recursos, absorbiéndose con ello la deducción por percepción de rendimientos de actividades económicas.

4) Los contribuyentes que trabajen fuera del hogar y tengan ascendientes o descendientes con discapacidad a su cargo, o formen parte de una familia numerosa, podrán practicar una deducción en la cuota diferencial de hasta 1.200 euros anuales por cada una de dichas situaciones, deducción que además es perfectamente compatible con la actual deducción por maternidad.

5) Se rebajan los tipos de retención a profesionales con bajos ingresos.

6) La imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad en los contratos de seguro que cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad pasa a ser obligatoria.

7) Diversos conceptos que no tenían la consideración de rendimientos en especie pasan a tenerlo aunque estén exentos (entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social, utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado, primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, prestación del servicio de educación a hijos de empleados y cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros) y otros dejan de serlo (acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo que se entregan a los trabajadores).

8) Se modifica la valoración de algunas rentas en especie: la utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador y la utilización o entrega de vehículos automóviles, destacando que, en el caso de cesión del uso de vehículos considerados eficientes energéticamente, la valoración resultante se podrá reducir hasta en un 30 por ciento.

9) Se modifican las reducciones.

10) El límite de las primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia reducibles de la base imponible pasa de 10.000 a 8.000 euros anuales, manteniéndose en 5.000 euros anuales si se trata de seguros colectivos de dependencia. Y se reduce el límite máximo conjunto de las reducciones.

11) Se elimina la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, añadiéndose una deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

12) Se simplifica el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, incluso a los desplazados antes del 1 de enero de 2105, de forma que podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no sólo quienes se desplacen a territorio español por un contrato de trabajo, sino también quienes adquieran la condición de administrador de una entidad en cuyo capital no participe o cuando la participación en la misma no determine la consideración de entidad vinculada.

13) El límite hasta el que no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de rendimientos íntegros del trabajo, se incrementa de 11.200 a 12.000 euros anuales.

14) Se reducen los tipos de retención, que pasan a ser del 19 al 45% según cinco tramos de ingresos.

15) Se establece un importe anual máximo conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social de 8.000 euros anuales. Y para los seguros colectivos de dependencia contratados por empresas para cubrir compromisos por pensiones de 5.000 euros anuales.

La privatización de la seguridad de las prisiones madrileñas ya es una realidad. (Opinión de la Augc).

La nueva de Ley de Seguridad Privada promovida por el Ministerio del Interior ha entrado recientemente en vigor y ha supuesto varios cambios en la prestación de servicios de vigilancia privada. Afectando muchos de estos cambios a las competencias de los guardias civiles. El Gobierno ha conseguido para las empresas privadas multiplicar, en la mayoría de los supuestos, las competencias de la seguridad privada. Los vigilantes no sólo podrán realizar labores que hasta ahora únicamente tenían encomendadas los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad, sino que también podrán actuar en más espacios y, por tanto, aumentar sus oportunidades de negocio, como por ejemplo en los centros penitenciarios, donde hasta ahora todas las competencias de seguridad eran ejercidas por las FFCCSE, principalmente por la Guardia Civil.

Qué opinión le merece a AUGC la nueva ley de seguridad privada?

Desde que el gobierno anunció la privatización de la seguridad de las Prisiones AUGC no sólo mostró su rechazo frontal a esta medida del ejecutivo, sino que también alertó del riesgo que se corría de extender la privatización a todo el ámbito de la seguridad ciudadana, que recordemos la Constitución dice que es competencia de las FFCCSE.

Y como AUGC dijo en su momento la aprobación de la Ley de Seguridad Privada ha venido a darnos la razón. Una ley que otorga a los vigilantes privados una serie de competencias que antes eran exclusiva de las FFCCSE. Atribuciones que a nuestro juicio estos trabajadores van a tener sin haber recibido la formación adecuada. Mientras nosotros, policías profesionales, estamos formándonos nueve meses, más otro año en prácticas, los vigilantes privados solventan el trámite con cursos intensivos que no suelen llegar a las 300 horas lectivas.

La llegada de los vigilantes a los centros penitenciarios y la reforma de la Ley de Seguridad Privada llevó a nuestra Organización a mantener, durante los meses previos a su debate y aprobación en las Cortes, una ingente actividad denunciándolo públicamente, reuniéndonos con los grupos parlamentarios, emitiendo informes técnicos exhaustivos para conseguir que se introdujeran varias enmiendas a la nueva Ley de Seguridad Privada. Pero la mayoría absoluta del PP y la connivencia interesada de CIU han sacado adelante una ley que viene a crear en la práctica una ‘policía privada’, incrementando innecesariamente el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante como la Seguridad Pública y Ciudadana en un espacio de negocio privado.

Solo por citar un ejemplo de lo que va a suponer para las arcas estatales este cambio en el servicio público de seguridad, podemos decir que el año experimental llevado a cabo en 21 de los 67 centros penitenciarios ha supuesto una inversión de 7 millones de euros. Extenderlo al resto de prisiones supondrá una inversión pública de más de 33 millones, de los que sólo una pequeña parte irá destinada a las exiguas retribuciones de los vigilantes de seguridad privada.

Una inversión que han tratado de justificar haciéndonos creer que de esta forma se dará trabajo a aquellos que durante años se han dedicado a salvaguardar la vida de cargos públicos amenazados por ETA. Pero la realidad es muy distinta y son pocos los vigilantes beneficiados que vienen de prestar estos servicios.

Aspectos negativos, puntos que se echan de menos 

Como hemos señalado anteriormente, AUGC desde el principio se ha posicionado en contra de esta reforma. Es verdad que los trabajadores de la Seguridad Privada necesitaban una cobertura legal en algunos de sus cometidos, pero, con la reforma que se ha llevado a cabo el gobierno lo que ha hecho es poner las bases para comenzar el desmantelamiento de un bien público: el de la seguridad. Y no lo dice AUGC, lo dice la Constitución al otorgar a las FFCCSE las competencias en esta materia.

Para AUGC este desmantelamiento de la “seguridad pública” se está haciendo sin afrontar los verdaderos problemas que afectan a este servicio esencial para el desarrollo de los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles. Consideramos que se ha acometido una privatización cuando antes habría que haberse planteado un nuevo modelo policial que supere el patrón arcaico con el que nos movemos en la actualidad. Un modelo que es altamente costoso, con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de Seguridad del Estado: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Por lo que AUGC considera prioritario afrontar ese nuevo modelo policial en el que se contemple la unificación de ambos cuerpos, ya que se abaratarían costes y además se mejoraría la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.

Una duplicidad que ahora también se dará, por ejemplo en la seguridad de las prisiones. Un nuevo derroche económico en tiempos de recortes. Tampoco pueden escudarse, como también han hecho, en la falta de personal por la falta de oferta de empleo público. En la actualidad solo haciendo labores ajenas a la seguridad (jardineros, peluqueros, fontaneros, electricistas…) hay más de 2000 guardias civiles. Pero no sólo se despilfarra personal en estas tareas, en oficinas también hay destinados cerca de 10.000 agentes ejerciendo unas labores, que en muchos casos, podrían llevar a cabo funcionarios civiles de carrera.

He dejado para el final, el coste personal, precisamente por ser para AUGC el más importante. La decisión del gobierno de “santificar” en la Ley de Seguridad Privada el otorgar la competencias de seguridad en los centros penitenciarios a los vigilantes privados (recordemos que ha ampliado la competencia también al perímetro fronterizo) tendrá unas repercusiones personales en los agentes hasta ahora destinados en estos centros, porque a día de hoy aún no está claro que ocurrirá con ellos, si podrán continuar todos realizando en los centros penitenciarios otros cometidos o tendrán que pedir nuevos destinos. Y esto último no sólo les afectaría a ellos, sino también a sus familias muchas de ella arraigadas ya en los municipios próximos y que de la noche a la mañana verían cambiadas sus vidas.

Qué aspectos positivos veis en la nueva ley y que consideraseis que eran necesarios y están incluidos

La nueva Ley de Seguridad Privada no sólo afecta a la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, también toca aspectos están relacionados con la labor que desarrollan los compañeros y compañeras del SEPRONA. La mayor afección está en al artículo 34 Guardas Rurales y sus Especialidades, un artículo que reconoce a estos trabajadores funciones que ya venían desarrollando en diversos espacios geográficos. Cometidos que cumplían y cumplen labores disuasorias y de control y que al mismo tiempo están íntimamente ligadas al servicio que desarrolla la Guardia Civil a través del SEPRONA.

Ahora bien, aun siendo positivo que en la reforma se reconozca la labor que estos guardas Rurales ya ejercían, consideramos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana. Creemos que los Guardas Particulares de Campo y la Guardia Civil a través de diversos protocolos y acuerdos de colaboración deben de potenciar el intercambio de informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, con la finalidad de contribuir a mejorar la lucha contra la delincuencia dentro de los lugares donde ambas prestan sus servicios.

Con la finalidad de integrar los servicios y potenciar las capacidades en beneficio de la seguridad ciudadana, primero el Plan General de Colaboración con el Sector de la Seguridad Privada de 2005 y, después, en el Programa Coopera puesto en marcha por la Guardia Civil en 2010, han tratado de establecer las pautas de un modelo de relación entre la Guardia Civil y las Empresas y Departamentos de Seguridad. Pero, lamentándolo, día de hoy por todos es conocido, que dicha iniciativa, si bien como fundamento de estrategia es necesaria y correcta, no se ha desarrollado universalmente al conjunto de las unidades operativas. Además, territorialmente hay unas grandes divergencias en cuanto a su implantación, funcionamiento y explotación.

Centrémonos en las competencias que ahora van a tener las empresas de seguridad en los centros penitenciarios, Madrid no participó en el plan piloto, por lo que es ahora cuando se encargará por primera vez de la seguridad de sus siete cárceles empresas del sector. En qué medida se van a ver afectados los compañeros allí destinados?

La experiencia piloto llevada a cabo por el Ministerio del Interior en 21 centros penitenciarios durante el último año nos aporta muy poca referencia por el momento. Para ser más exactos estamos como al principio, cuando AUGC interrogó en una reunión del Consejo al Director General por la sustitución de agentes de la guardia civil por seguridad privada en las cárceles. En aquel momento se nos negó y, cuando por fin lo reconocieron, se comprometieron a mantenernos informados de todos los movimientos que se llevaran a cabo. Pero a fecha de hoy seguimos sin saber exactamente cómo va a afectar esta privatización. Todo lo que hay son especulaciones y rumores. En las que el sistema ya estaba implantado este último año ningún compañero fue “movido” de su puesto de trabajo, lo que no quiere decir que ahora ocurra lo mismo. Lo que sí ha detectado AUGC es que las bajas registradas estos últimos meses en los centros penitenciarios no se han sido publicadas como vacantes.

De todas formas en Madrid ya contábamos con que la privatización era un hecho, por eso, hace ya varias semanas, se solicitó al General de la Zona, General de Brigada Arranz Villafruela, una reunión (de la que informamos más adelante) para hacerle llegar, entre otros asuntos, la preocupación que ahora tienen los guardias civiles encargados de la seguridad en la prisiones madrileñas y sus familias. Porque no podemos olvidar que los afectados por esta privatización tienen a sus espaldas unas responsabilidades familiares.

Además, la comisión nacional de AUGC de SEPROSE también está elaborando un informe detallado del número de agentes, funcionamiento de los centros, si en ellos los agentes realizan las conducciones y los traslados de presos y número de personal dedicado a ello, etc. Con este informe los representantes de AUGC se reunirán con el Director General de la Guardia Civil para “negociar” el futuro de estos compañeros. Porque, como dejaron bien claro nuestros representantes en el Consejo hace ya casi dos años, AUGC va a velar porque ninguno de ellos se vea perjudicado laboral y familiarmente por esta decisión política.

¿Existe algún punto que debería cambiarse ya sea por falta de veracidad, lógica, o por imposible cumplimiento?

Partiendo de la premisa que no estamos de acuerdo con la reforma planteada, consideramos importante que se subsanen cuanto antes las dudas constitucionales que plantean alguna de las competencias otorgadas a los vigilantes de seguridad. Competencias que, como hemos dicho, eran exclusivas de los CCFFSE, como dicta la Constitución Española.

Fremap dio un contrato de seguridad privada a la firma de uno de sus directivos.

Fremap, una mutua de accidentes de trabajo sin ánimo de lucro y adscrita al Ministerio de Empleo, adjudicó en 2012 la seguridad de su hospital en Sevilla a Segurisa por 563.570,64 euros. Esta empresa está presidida por Enrique Sánchez González, que a su vez es vocal de la junta directiva de Fremap. El decreto que regula la colaboración entre las mutuas y el Ministerio de Empleo y la Ley General de la Seguridad Social impide a los miembros de las junta de las mutuas pecibir cualquier remuneración ni prestar servicios a las mutuas. Ni Fremap ni Sánchez González han querido comentar ese contrato.

El 2 de octubre de 2012, el Boletín Oficial del Estado anunció que Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) había ganado la seguridad del hospital que Fremap tiene en Sevilla durante dos años, prorrogables por otros dos. Era “la oferta económicamente más ventajosa”, explica el anuncio de licitación publicado en julio. Eso le valió a Segurisa para ser la elegida entre las 15 que se habían presentado al concurso. Se ponía fin así a un expediente que había arrancado en febrero de 2012.

Sánchez González es miembro de la junta directiva y vocal de la comisión directiva de Fremap, al menos desde 2007, según las memorias anuales de la mutua. Es dueño, presidente y consejero delegado de Segurisa, y del grupo Sagital. Además es directivo del Real Madrid y viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el hoy presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que declaró entonces que había pagado su viaje y el de su esposa (8.000 euros) en metálico. La empresa de Sánchez González recibió contratos por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro. Sánchez González se niega a comentar su contrato con Fremap pese a estar en la junta directiva: “No tengo nada que añadir, publique lo que quiera pero no lo hará con mi consentimiento”.

El presidente de Fremap, Mariano de Diego, asegura desconocer todo lo referente al expediente y el contrato con Segurisa: “No tengo ni idea, no lo sé, son cuestiones ejecutivas”. De Diego deriva al gerente, Josu Esarte, que el viernes no contestó al teléfono.

El decreto que regula las mutuas y su colaboración con el Ministerio de Empleo señala que no podrán estar en la junta directiva “cualquier persona, ni por sí mismo ni en representación de empresa asociada, que mantenga con la Mutua relación laboral, de prestación de servicios de carácter profesional o que, por cualquier otro concepto, perciba de la entidad prestaciones económicas”, salvo el representante de los trabajadores. Ya en 2009, el Tribunal de Cuentas emitió un informe crítico con el sistema de contratación de las mutuas (entre las examinadas no estuvo Fremap). Tras el informe, el Ejecutivo hizo cambios para controlar que la contratación de la mutuas y sus retribuciones se ajustaba a la ley.

Fremap manejó el año pasado 2.376 millones de euros procedentes de la cotizaciones a la Seguridad Social para gestionar accidentes laborales y bajas y prestaba cobertura a casi 3,8 millones de trabajadores. Es la mayor mutua y está en una situación delicada porque la Intervención General de la Seguridad Social le pide que devuelva 43,2 millones gastados indebidamente. La mayor parte son por pagos a comerciales, algo no permitido por la Seguridad Social y ratificado por los tribunales. Pero también hay viajes, dietas y mariscadas de la junta directiva.

En esa junta hay 16 vocales elegidos por la propia junta con el visto bueno de Empleo. Entre ellos está Pedro Barato, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Intersectorial de Autónomos (CEAT), José de la Cavada, exdirector de Relaciones Laborales de la patronal CEOE, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, representantes de las empresas mutualistas y algunos abogados.

En marzo de 2010, la misma junta directiva aprobó una dieta por asistir a las reuniones de 2.000 euros. Lo hizo un mes después de que una orden ministerial limitara a 800 euros el máximo de dieta.

Dentro de la junta directiva han surgido críticas a la política de gastos de Mariano de Diego, que una vez al año organiza una “junta directiva itinerante” que incluye un programa de gastos pagados para los miembros de la junta y sus parejas en algún rincón de España.

El lunes hay convocada una reunión en la cúpula para analizar la situación de la dirección después de que EL PAÍS desvelase los ajustes presupuestarios a los que la intervención sometía a la mutua.

Suspendido un 'mosso' acusado de robar una tableta. Sorprendido por el vigilante de seguridad.

Los Mossos d'Esquadra han suspendido cautelarmente de su cargo a un cabo del Área de Investigación Criminal de Manresa por el presunto hurto de un 'tablet' de un gran almacén, ha informado la policía catalana.

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo cuando el policía, que ese día estaba fuera de servicio e iba con ropa de calle, fue sorprendido por el vigilante de seguridad al tratar de hurtar una tableta del establecimiento de Sant Fruitós de Bages.

El hombre se identificó como policía, pero el vigilante avisó al número de emergencias 112, que dio la alerta a la Policía Local y posteriormente a Mossos, que se ha hecho cargo del atestado del caso.

Ignacio Suárez García, nuevo consejero delegado de Grupo Segur.


Grupo Segur, compañía dedicada a la seguridad privada en España desde su creación en 1978, ha nombrado a Ignacio Suárez García nuevo consejero delegado de la compañía, según ha informado en un comunicado.

Ignacio Suárez ha desarrollado su carrera profesional en Televida, donde en 2010 fue nombrado director general y, posteriormente, consejero delegado de Tunstall Ibérica, tras la absorción de la compañía. Más tarde, fue designado consejero delegado del grupo para el Sur de Europa y Latinoamérica.

El nombramiento de Suárez García como consejero delegado de la empresa se enmarca dentro de la estrategia de la compañía que tiene como objetivo impulsar el crecimiento del grupo y fortalecer su posición en el sector de la seguridad privada.

Segur es la tercera empresa de seguridad privada en España y la única que actualmente desarrolla servicios de alta especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico.

Sancion a un funcionario por faltar al respeto a una Vigilante de Seguridad de la Aeat de Navarra.

La Audiencia Nacional ratifica una sanción de suspensión de funciones a un funcionario de la Aeat de Navarra por estimar que la conducta y el comportamiento del funcionario fue inoportuno e impropio para con los vigilantes de seguridad, que guste o no, realizan una función para todos.

La Sentencia confirma integramente la resolución sancionadora del Director General de la Aeat, que impone una sanción de suspensión de funciones de dos meses como responsable de una falta grave art. 7.1 e) del Régimen disciplinario de funcionarios de la Administración del Estado "grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados".

Desarticulado, con la colaboración de seguridad privada, un grupo especializado en el hurto sistemático y por encargo de artículos en áreas comerciales.

Agentes integrantes del Grupo II de delitos contra el patrimonio de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera (Cádiz) han identificado e imputado a los presuntos miembros de un grupo organizado especializado en el hurto sistemático y por encargo de distintos artículos, desde prendas de ropa a electrónica o perfumería, en establecimientos de centros comerciales en las provincias del sur de Andalucía.

En una nota de prensa, la Policía Nacional indica que la trama ha sido descubierta a raíz de la detención de dos de sus integrantes en un centro comercial de Jerez de la Frontera, que se ha producido cuando pretendían abandonar la zona con prendas que acababan de robar en distintos establecimientos valoradas en 1.881,80 euros.

Los agentes, especialistas en tipo de delitos y que usualmente prestan sus servicios en las zonas comerciales de la ciudad de Jerez, detectaron con la ayuda de los miembros de la seguridad privada de las instalaciones a dos personas, un hombre y una mujer, que les suscitaron "sospechas" por sus actividades en una tienda.

Así, interceptaron a ambos con la ayuda de los vigilantes, comprobando como ambos portaban gran cantidad de ropa que instantes antes habían conseguido sacar del comercio sin abonarla. Los policías observaron que le habían quitado "de forma muy hábil" a las prendas los elementos anti hurto.

SEGUIMIENTO PREVIO

El seguimiento previo a su interceptación que los funcionarios realizaron sobre los detenidos reveló que ambos habían llegado a la zona en un vehículo todoterreno de alta gama, acompañados por otras dos mujeres y un varón. El turismo había sido estacionado en uno de los aparcamientos de la zona.

Los agentes recuperaron las llaves del coche, que habían sido arrojadas por la mujer interceptada a un seto del paseo comercial al verse descubierta, y emprendieron la búsqueda del mismo por los aparcamientos, encontrando el turismo situado en uno de los estacionamientos cercanos.

En su interior se encontraron prendas por un valor de 1.197,40 euros que habían sido robadas en la misma tarde en otra zona comercial cercana. Los agentes procedieron a la detención, como presuntos autores de un delito de hurto, de los jóvenes, hombre y mujer de 20 y 24 años respectivamente. El vehículo todoterreno fue intervenido como objeto del delito y trasladado hasta el Depósito Municipal.

LOS CABECILLAS DE LA TRAMA

Todos ellos han sido imputados como cabecillas de un grupo dedicado al hurto sistemático de efectos en los establecimientos de las provincias del sur de Andalucía, tanto en grandes superficies como en pequeños negocios ubicados en áreas comerciales. La investigación posterior desveló que ambos detenidos no eran sino "parte de una trama mayor, encabezada por dos mujeres y un varón", los cuales resultaron ser las otras dos mujeres y el conductor que les acompañaban cuando fueron detenidos en Jerez y que en ese momento "no pudieron ser apresados".

Para ello, reclutaban a personas jóvenes del entorno de las localidades gaditanas de La Línea de la Concepción y Algeciras "a los que instruían en las distintas funciones y pasos que llevaban a cabo en el proceso para apoderarse de los artículos, llegando a pagarles un sueldo fijo pactado previamente por cada jornada de trabajo".

MODUS OPERANDI

Las imputadas entraban previamente en los comercios que habían elegido en función de los objetos a robar que tenían encargados "y, de forma muy hábil, y utilizando herramientas especializadas, quitaban de las prendas o del resto de artículos las alarmas anti hurto que llevan incorporados".

Acto seguido accedían a los comercios los jóvenes captados por la organización, que se apoderaban de los objetos en bolsas preparadas y abandonaban el lugar para dirigirse a los vehículos que tenían estacionados en los aparcamientos, donde descargaban los objetos robados.

Estos vehículos eran utilizados como almacén para depositar los artículos, e inmediatamente estas personas volvían al interior de los comercios "para repetir la operación tantas veces como fuera posible".

Los turismos normalmente quedaban vigilados en los estacionamientos por varones "que estaban preparados para, ante cualquier incidente o actuación policial que sufrieran sus cómplices, arrancar el vehículo y dirigirse rápidamente hacia La Línea de la Concepción con el material del que hubieran podido apoderarse hasta el momento".

Los integrantes del grupo han pasado a disposición de la autoridad judicial en Jerez de la Frontera, continuando en estos momentos abierta la investigación por parte de los agentes con la intención de descubrir a otros miembros de la organización.

Las pesquisas han sido realizadas por los agentes del Grupo II de delitos contra el patrimonio de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Jerez de la Frontera, que han contado con la colaboración de los servicios de seguridad privada de varios centros y áreas comerciales ubicadas en la ciudad.

Trabajadores de Serramar acuden a los tribunales por los impagos de la empresa.

El presidente de la gestora de la FES-UGT en Melilla, José Luis Faus, aseguró ayer en declaraciones a El Faro que los trabajadores de Serramar han comenzado a presentar sus denuncias ante la sección de Trabajo por los impagos de la empresa. Faus señaló, además, que hoy mismo tiene previsto reunirse con responsables del Imserso para intentar que la adjudicataria del servicio de vigilancia de algunas de sus dependencias sea cesada.

Faus resaltó que tiene constancia de que la directora territorial del Imserso, Isabel Quesada, está trabajando para intentar que Serramar deje de prestar este servicio porque no están contentos con la labor que está realizando. El ugetista se mostró esperanzado en que Serramar renuncie al contrato, al igual que ya ha ocurrido en el CETI, donde desde el 1 de junio se ha hecho cargo del contrato otra empresa, después de que la propia Serramar decidiera marcharse.

La advertencia

Faus recordó que el sindicato advirtió a esta empresa de que si no pagaban los salarios que debían a los empleados, emprenderían acciones judiciales. “Decidimos dar un tiempo prudencial porque estaban prometiendo que iban a pagar, aunque éramos conscientes de que ya habían mentido otras veces”, dijo. Después de más de dos semanas desde la última concentración en la puerta del centro base del Imserso, el ugetista aseguró que los trabajadores ya han comenzado a presentar sus denuncias, que en un primer momento se presentan ante el área de Trabajo para solicitar un acto de conciliación.

Faus señaló que el principal objetivo de esperar una respuesta de la empresa era evitar el largo proceso al que tendrán que enfrentarse los empleados al ir a los tribunales. Asimismo, se mostró esperanzado en que finalmente el Imserso encuentre la vía para que Serramar deje de prestar servicio en Melilla. El ugetista indicó que la empresa no sólo no paga bien a los trabajadores sino que tampoco ofrece unas condiciones laborales adecuadas, lo cual provoca que se resienta la eficacia del trabajo. De hecho, señaló que si en estos momentos se produjera una baja, Serramar no estaría en condiciones de contratar a otro empleado.

El ugetista resaltó que esperan poder sacar algo en claro de la reunión de hoy e insistió en que aunque la mayor parte de los afectados estuviera en el CETI y allí la situación va en vías de solución, ellos seguirán luchando por el resto de trabajadores que Serramar tiene aún en Melilla.

La última vez que UGT se concentró para pedir el pago de los salarios a los empleados fue el 2 de junio en la puerta del centro base del Imserso. Con anterioridad, había mantenido numerosos paros en la puerta del CETI, antes de Serramar dejara este servicio.

Comité de prevención en CETI

En cuando a las condiciones laborales en el CETI, el ugetista aseguró que la dirección del centro se ha comprometido a crear un comité de prevención de riesgos laborales para que todas las empresas que prestan sus servicios en las instalaciones se coordinen con el fin de evitar sobrecargas de trabajo en algunos grupos de empleados.

Agreden a un vigilante de seguridad del centro de salud de la localidad de Illescas (Toledo).

Se ha producido un nuevo caso de agresión en un centro sanitario a personal que trabaja en el mismo. En este caso, la víctima es un vigilante de seguridad que presta servicio en el Centro de Salud de Illescas, que recibió un fuerte puñetazo en la cara y otros golpes propinados por un hombre. El atacado tuvo que ser atendido por las lesiones sufridas en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y ya ha presentado denuncia de lo ocurrido en el Puesto Principal de la Guardia Civil en la cabecera sagreña.

Según ha podido conocer este medio, el ataque se produjo en la noche del pasado lunes 16 al martes 17, momento en el que sólo están abiertos los servicios de urgencias del ambulatorio. Agresor y agredido se hallaban en una zona de admisiones. Se desconoce el motivo por el que el atacante, un ciudadano español de unos 40 años, se encontraba allí, si estaba como paciente o acompañando algún allegado. Lo que parece cierto es que no protagonizó ninguna discusión previa con el guarda que hiciera presagiar su acción violenta, ya que el vigilante ha reflejado en su denuncia que el ataque se produjo de forma sorpresiva. Según testigos del suceso, el agresor propinó un puñetazo en la nariz con tal fuerza que consiguió derribarle. Ya en el suelo, siguió golpeándole hasta que personal del centro de salud consiguió separarle de la víctima. Poco después, el sujeto se largaba del lugar y la Guardia Civil era avisada del suceso.

El vigilante agredido fue atendido en un primer momento en el propio ambulatorio, siendo trasladado después al Virgen de la Salud para una exploración. Se le tuvieron que aplicar numerosos puntos de sutura en la cara. Ya el martes, presentaba denuncia por lesiones ante agentes de la Guardia Civil, según confirmaban fuentes del Cuerpo. Ayer, los agentes tenían previsto tomar declaración al agredido para conocer su versión de los hechos.

Solidaridad del Sescam. 

Hay que recordar que el vigilante agredido no es personal estatutario del Sescam, por lo que el servicio de salud regional no puede personarse en este proceso como acusación particular al igual que en agresiones similares sufridas por sanitarios. Sin embargo, fuentes del Sescam han expresado su solidaridad con el agredido y le animan a denunciar lo ocurrido. El Sescam también está dispuesto a asesorar al vigilante.

Vigilantes de seguridad protestan en el aeropuerto de Alvedro (A Coruña) por sus condiciones laborales

Alrededor de 75 trabajadores de la empresa que gestiona la seguridad para Aena en Alvedro, Eulen, se han concentrado hoy en el aeropuerto para protestar contra las condiciones laborales y un posible recorte salarial.

Los sindicatos FTSP-USO, CIG, USTG, UGT y CCOO han continuado hoy el calendario de movilizaciones iniciado el pasado 5 de mayo "ante el acoso laboral y la represión sindical que ejercen Aena y Eulen Seguridad".

El portavoz de FTSP-USO, Miguel Méndez, ha explicado, en declaraciones a EFE, que unos 75 trabajadores se han concentrado hoy entre las 18.30 y las 20.30 horas por la negativa de ambas empresas al diálogo a pesar de la situación existente.

Portaban dos pancartas, una que decía "Readmisión" -por el caso de una trabajadora despedida- y otra en la que comentaban que "Eulen no cumple con los trabajadores".

Ambas han sido exhibidas tanto dentro como fuera de la terminal y a ellas se ha añadido un reparto de octavillas.

Lo que sucede es que los empleados "están bajo el mando de un coordinador de servicios que pertenece a Eulen Seguridad y hace la vida posible a los trabajadores", algo que quieren evitar.

Incluso, según relatan desde el sindicato, se han utilizado grabaciones de una cámara de seguridad para sancionar y expedientar a algunos empleados y despedir a una, que piden que se readmita.

La situación que genera este "mando intermedio" con los "cuadrantes de trabajo desproporcionados" y sus decisiones motivadas por el "amiguismo" se han visto agravadas en las últimas fechas.

Aena ha solicitado más trabajo a la empresa de seguridad, algo que creen que puede ser bueno, pero la decisión ha sido "dividir turnos y quitar dietas", algo que causa mucho malestar por los "recortes salariales planteados".

Mañana se solicitará en la Delegación del Gobierno una nueva movilización para el 30 de junio entre las 19 y las 21 horas con la esperanza de que pronto escuchen a los trabajadores.