Metro retendrá el aval dado por Seguridad Integral Canaria para ver si puede utilizarse para pagar a los vigilantes

Metro de Madrid ha retenido el aval aportado por la empresa Seguridad Integral Canaria cuando logró ser adjudicataria del servicio y estudia la viabilidad jurídica para poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos en las nóminas de los trabajadores de esta compañía.

Fuentes del suburbano han explicado a Europa Press que así lo ha trasladado el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, durante un encuentro improvisado con empleados que estaban concentrándose en las inmediaciones de la estación de Moncloa, donde se presentaba el tren de la Navidad en el suburbano. 

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, también se ha acercado a estos trabajadores para conocer su situación. Fuentes de este departamento indican que la cantidad del aval asciende a dos millones de euros.

Por su parte, desde Metro han señalado que se va a retener dicho aval y se estudia la posibilidad desde el punto de vista jurídico y técnico para ver si se puede destinar a abonar los salarios atrasados de los trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, el delegado del Sindicato Unión Independiente de Trabajadores (UIT), Tomás Rodríguez, ha señalado que llevan sin cobrar sus nóminas durante dos meses y que estos "problemas de atraso en los pagos" no son nuevos por parte de la empresa.

A su juicio, este aspecto tampoco es nuevo para Metro, que "ya lleva conociendo desde el primer momento los problemas que hay y ya sabía lo que iba a pasar".


Huelga de hambre de un vigilante de Metro: «No nos pagan y prefiero estar así a perder la dignidad»

Un trabajador de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en el suburbano de Madrid inició ayer una protesta indefinida por los impagos que arrastra la plantilla, de al menos dos meses.

Un vigilante de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en Metro de Madrid inició ayer una huelga de hambre indefinida en protesta por los impagos que arrastra la plantilla, de al menos dos meses.

Según ha comentado este vigilante en un vídeo publicado en redes sociales, la huelga de hambre tiene carácter indefinido y se trasladará a diferentes estaciones del suburbano durante su protesta para difundir la situación que atraviesa la plantilla.

«No nos pagan ni tienen intención de hacerlo, he optado por la única manera en la que se puede hacer algo dentro de la legalidad», ha asegurado el vigilante para relatar que su intención es que «todo el mundo se entere de lo que puede hacer una persona por reclamar sus derechos, su salario y su dignidad».

«Estaré todo lo que pueda, hasta que el cuerpo aguante», ha relatado en este vídeo para recalcar que la situación de los vigilantes de esta empresa que hacen servicio en Metro es «indignante» debido a los retrasos en el pago de sus nóminas.

Los empleados de esta empresa llevan durante las últimas semanas realizando diversas protestas de cara a exponer su situación debido al impago de sus nóminas del mes de octubre y de noviembre.

Así, el 1 de diciembre medio centenar de vigilantes del Metro de Madrid protestaron frente a la Asamblea de Madrid porque 550 trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria no han cobrado las nóminas de noviembre y entre 60 y 100 de ellos tampoco las de octubre, por lo que piden ser escuchados por los diputados autonómicos.

Por su parte, la Comunidad de Madrid recalcó que sancionará a las empresas de Seguridad de Metro que incumplan contratos y garantizará «sueldos dignos» para los trabajadores de las mismas. De hecho, esta trabajando en un nuevo pliego de condiciones que contemple la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria en el caso de incumplimiento.


Los ministerios siguen contratando vigilantes 'low cost' pese al toque de Fomento

Ni la nueva ley de contratos ni el acuerdo vinculante que firmó Fomento con los sindicatos han impedido que las administraciones públicas sigan recurriendo a empresas 'piratas'.

Los ‘piratas’ de la seguridad aún no tienen los días contados. Novo Segur, empresa conocida por pagar 789 euros brutos al mes a sus vigilantes en instituciones públicas como el Ministerio de Defensa -que no renovará el contrato-, acaba de ganar doce adjudicaciones con organismos tan variados como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Interior) o la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Ni la recién aprobada Ley de Contratos ni el acuerdo para mejorar las condiciones de los empleados -impulsado por Íñigo de la Serna (Fomento)- lo han impedido.

Los nuevos contratos se hacen públicos poco después de que el ministerio capitaneado por María Dolores de Cospedal se comprometiera a acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur) en cuanto expire el contrato en marzo, momento en el que sacará una nueva licitación. Los vigilantes de esta empresa se pusieron en huelga en octubre para denunciar una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal.

No obstante, esta práctica hasta ahora era legal (y demasiado habitual). Los convenios de empresa podían prevalecer sobre el sectorial, situación que cambia con la nueva Ley de Contratos del Sector Público: sobre papel, el precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del servicio, los pliegos deberán incluir cláusulas sociales y las empresas estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente superiores a lo que paga Novo Segur (entre otras).

Pero la nueva Ley, ya publicada en el BOE, no entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses. Hasta entonces, las administraciones públicas podrán seguir contratando con empresas que tiran los precios a fin de presentar la oferta económica más ventajosa. El ejemplo más reciente es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), que adjudicó recientemente un contrato de dos años a Novo Segur para sus servicios de vigilancia: en teoría, iba a arrancar el 1 de enero de 2018 y cuenta con un presupuesto de 114.674 euros, según el expediente consultado por este periódico en la plataforma de contratación del sector público.

No obstante, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS) intervino "una vez enterado de las formas de proceder" de la empresa adjudicataria. "Se les expulsó del proceso, tal y como permite la actual Ley de Contratación del Sector Público, descartando así a una empresa pirata que presentó la oferta más baja con diferencia notable", matiza Héctor Castaño, delegado sindical.

Le siguen organismos dependientes del Ministerio de Empleo como laTesorería General de la Seguridad Social en las direcciones provinciales de Ciudad Real o Tenerife, con un plazo de ejecución de 12 meses y un importe de adjudicación no superior a los 307.447 euros en ninguno de los casos. También destaca el servicio de vigilancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León (88.510 euros), otorgado igualmente a la antigua Marsegur. El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con la empresa, sin éxito.

“Las direcciones provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de contratación”, justifican fuentes de Empleo. Y dejan claro que el departamento de Fátima Báñez fue de los primeros en incorporar cláusulas sociales en los pliegos para garantizar unas condiciones laborales mínimas. “Se hizo en julio de 2017, antes de que se aprobara la nueva ley, y se envió una recomendación a los citados organismos para que las aplicaran”. Este ministerio ya fue noticia por contratar en el pasado con Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa ‘pirata’ que pagaba un sueldo base de 660 euros al mes y superaba el salario mínimo interprofesional por los pluses, como desveló ‘El País’.

La violenta agresión de un hombre a un vigilante en una estación de Cercanías de Madrid

El agresor golpeó con una porra al vigilante y después a una joven que intentó ayudar.

Antena 3 Noticias publica hoy un exclusiva un vídeo que muestra cómo un hombre se cuela en una estación de Cercanías de Madrid tras agredir a un vigilante de seguridad. Las imágenes muestran cómo el agresor corre luego tras una chica la que golpea hasta que varios viajeros acuden en su ayuda.



Detenido el supuesto agresor de un vigilante del estadio Wanda que perdió un ojo

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana a un hombre acusado de un delito de lesiones graves tras propinar un puñetazo al vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano durante la celebración del encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el pasado 18 de noviembre. El arrestado es integrante del grupo radical Frente Atlético y tiene diversos antecedentes policiales, alguno de ellos por hechos similares, según fuentes de la investigación.

Los hechos que motivaron la presente detención ocurrieron minutos antes de la finalización del partido cuando este hombre trató de entrar por uno de los accesos que custodiaba el vigilante cuando los tornos de entrada se encontraban ya cerrados. Fue entonces cuando este individuo le propinó un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo y huyó del lugar a la carrera.

La víctima fue asistida en un primer momento por los servicios médicos de emergencia presentes en el Estadio, pero ante la gravedad de las lesiones fue trasladado al hospital donde tras ser operado, le tuvo que ser extraído el globo ocular izquierdo. 

El visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio permitió a los agentes de la Brigada Provincial de Información (dedicada a la lucha antiterrorista y contra los grupos antisistema) identificar y localizar al autor de los hechos. Se trata de un hombre español de 27 años de edad el cual fue detenido el día de hoy como presunto autor de un delito de lesiones graves. En las próximas horas será puesto a disposición judicial.

Los vigilantes de seguridad piden ser agentes de la autoridad para evitar más agresiones

Las últimas agresiones a vigilantes de seguridad que desempeñan su trabajo en ciudades como Madrid o Barcelona han llevado a este colectivo, a través de sus representantes sindicales, a exigir que se les considere agentes de la autoridad y se les faciliten más medidos de autoprotección. 

El pasado fin de semana un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano perdió un ojo tras ser golpeado por un hombre que quiso entrar cuando el partido estaba a punto de finalizar y no atendió a las explicaciones del trabajador, golpeándole tan fuerte que perdió el globo ocular. 

Esta agresión se suma a otras dos ocurridas a finales de octubre: una en Madrid, concretamente en la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios, donde un hombre golpeó repetidamente a un vigilante que le pedía que pagase, hasta que la víctima fue socorrida por una chica y luego por más compañeros y policías que lograron reducir a un hombre totalmente exaltado.

La otra fue en Barcelona, donde varios pasajeros de Metro de Barcelona agredieron a tres vigilantes de seguridad, que sufrieron lesiones de diversa consideración, al intentar calmarles cuando estaban provocando alborotos en el interior de un convoy de la línea 5. UGT ha denunciado en un comunicado que en las últimas semanas el colectivo de vigilantes de seguridad privada "ha sufrido un número considerable de agresiones en el desempeño de sus funciones", que condenan enérgicamente y ante las que muestran su apoyo. 

El responsable de Seguridad Privada en UGT, Diego Giráldez, ha explicado que defenderán que en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que ultima el Gobierno, se les dote de mayor cobertura legal y se conceda automáticamente carácter de agente de autoridad a estos profesionales en el desempeño de sus funciones, como ocurría hasta 1992. Partiendo de la base de que esta profesión conlleva riesgos, UGT considera que no es de recibo que no tengan consideración de agentes de la autoridad si son auxiliares de la autoridad pública en una situación de alerta 4 de nivel antiterrorista.

"Las agresiones que recibimos no pueden quedar en una simple y mera falta, en una condena leve por agresión. 

El agredir a un agente de autoridad es un delito que conlleva penas de uno a cuatro años de prisión; hay que tener presente que la Ley de Seguridad Privada obliga a los vigilante a intervenir ante cualquier circunstancia que infrinja las leyes en sus puestos de trabajo", ha añadido. 

En la misma línea, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada denuncia que las agresiones a vigilantes "comienzan a ser demasiado frecuentes" y pide una nueva reforma de la Ley de Seguridad Privada porque en su modificación de 2014 "no llegó a colmar las necesidades y carencias de los vigilantes" y "a día de hoy han de subsanarse de manera urgente".

"Nos encontramos en la misma situación de indefensión jurídica y desamparo que en el año 1992, cuando se rubricó la Ley de Seguridad Privada y pasamos de ser vigilantes jurados para convertirnos en vigilantes de seguridad, y nos despojaron del carácter de agente de autoridad", explica el responsable de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, que aboga por recuperar esa condición y también por contar con más elementos de protección. 

Otra demanda es una mayor formación para los vigilantes, "un pilar básico para el buen desempeño de las funciones a la hora de la prestación del servicio", que debería de ampliarse en general y además ser específica cuando un profesional sea destinado a determinados lugares, como por ejemplo instalaciones militares. 

"Con todo ello se lograría acabar con la impunidad de las que gozan los protagonistas de agresiones graves como las vividas en las últimas semanas", sostiene García.

Acuerdo del Grupo de Trabajo de Seguridad Privada en las infraestructuras de transporte de competencia estatal

                             
 
           Comunicado                                                                Acuerdo
                                                                                     


Convenio Colectivo Estatal de las Empresas Privadas de Seguridad 2017-20


           
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Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad privada

Firmado un acuerdo en el Convenio estatal de seguridad privada



                             Nota informativa                        Ver acuerdo 
                                                             

Negociación Convenio Colectivo

Explicación computo permisos retribuidos,vacaciones e I.T. en la propuesta final del convenio de seguridad privada


Facua denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a nueve empresas de seguridad privada por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 902, para contratar sus servicios o gestionar incidencias.

Se trataría de las principales empresas del sector: Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguridad Integral Canaria, Visor, Marsegur, Securitas Seguridad España y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

La asociación ha remitido sus denuncias a las autoridades de consumo de las comunidades donde las firmas tienen sus respectivos domicilios sociales. En este caso, a las direcciones generales de comercio y consumo de la Comunidad de Madrid, donde lo tienen cuatro de ellas, y de Canarias, donde lo tendrían las otras cinco.

Las nueve empresas ofrecen numeraciones 902 como única vía para que los consumidores contacten telefónicamente. De esta forma, denuncia la asociación, los usuarios se ven abocados a recurrir a ese tipo de números ante cualquier incidencia relacionada con alarmas o servicios de seguridad contratados para sus hogares. Igualmente, Facua recuerda que los usuarios "tienen derecho a reclamar" a la empresa el importe que les suponga cada llamada a esos 902.

Esta acción está enmarcada dentro de la campaña #Stop902 de Facua para movilizar a los usuarios contra este tipo de abusos en los teléfonos de atención al consumidor. Más de cien empresas de diferentes sectores han sido denunciadas por Facua por la vulneración de la legislación de defensa de los consumidores en las numeraciones de sus teléfonos de atención al cliente e información comercial.

Como consecuencia a estas denuncias, las autoridades de consumo de Baleares han abierto expedientes sancionadores a las aerolíneas Ryanair y Air Berlin. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de anunciar la apertura de cinco expedientes sancionadores contra proveedores de servicios de telecomunicaciones por ofertar a empresas la contratación de números 902 a cambio de parte del cobro de la llamada facturada a los clientes como retribución.

DENUNCIAS EN TODOS LOS SECTORES

En este año, la asociación ha presentado paquetes de denuncias por irregularidades similares contra empresas de diferentes sectores como aerolíneas, energéticas, aseguradoras, establecimientos comerciales, compañías de telecomunicaciones, Renfe -que sustituyó el 902 en julio-, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Correo Express. La última batería de denuncias presentada por la asociación fue hace unos días contra firmas de mensajería.

La asociación advierte de que el artículo 21.2 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, indica que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico.

Cermi pide acabar con discriminación de discapacitados en seguridad privada

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido hoy al Ministerio del Interior que desarrolle la Ley de Seguridad Privada para terminar con la exclusión que sufren las personas con discapacidad para ejercer esta actividad profesional.

"Los preborradores del futuro reglamento" contiene medidas encaminadas a avanzar en el acceso y permanencia de personas con discapacidad en el desempeño de funciones de seguridad privada, como vigilantes de seguridad, de las que ahora están rígidamente excluidas, según ha señalado el Cermi en una nota.

Este comité ha enviado una carta al director general de la Policía, Germán López, en la que argumenta que disponer en pocas fechas de un reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada permitirá abrir estas actividades a personas con discapacidad -a determinadas funciones y tareas- y que permanezcan como personal de seguridad a aquellas que siéndolo ya, adquieren una discapacidad sobrevenida.

El Cermi ha destacado que si se responde a sus demandas "no solo se repararía una exclusión hoy sin ninguna justificación, sino que se abrirían nichos de oportunidad laboral para muchas personas con discapacidad, que padecen tasas de inactividad y de desempleo enormemente elevadas en nuestro país", ha concluido el Cermi.

Comisión Negociadora del Convenio de Seguridad Privada.

Adjunto os remito el acta nº 16 de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Seguridad Privada para vuestro conocimiento.


Condenados a 5 años por dar una paliza a tres vigilantes en La Rambla (Mallorca)

Un juzgado penal de Palma condenó ayer a dos jóvenes a cinco años de cárcel y cinco años y medio, respectivamente, por propinar una brutal paliza a tres vigilantes de seguridad del mercadillo navideño de La Rambla, en Palma, en diciembre de 2016.

Los acusados, acompañados por dos menores que están imputados en otro procedimiento, atacaron con patadas y puñetazos y armados con un cuchillo, una cadena, una botella y un retrovisor a los perjudicados, a quienes causaron graves heridas y secuelas. También se enfrentaron a los policías locales de Palma que los arrestaron.

Los dos sospechosos, dos ciudadanos de origen colombiano de 19 y 21 años que se encuentran presos, confesaron ayer los hechos en la sede de Vía Alemania. Ambos aceptaron ser expulsados de España durante nueve años, una vez hayan cumplido las dos terceras partes de la condena.

Ante el reconocimiento de los cargos efectuado al haber alcanzado un acuerdo las defensas con la fiscal y el letrado de la acusación particular, Ramón Caubet, la magistrada dictó sentencia 'in voce' contra los dos muchachos. A uno de ellos le impuso cinco años y medio de prisión y una multa por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso, otro de atentado y un delito leve de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a un vigilante de seguridad herido con 800 euros.

Mientras, su compinche fue sentenciado a cinco años de cárcel, una multa y 1.090 euros de indemnización por las lesiones con instrumento peligroso y también por un delito de daños. El fallo ya es firme, ya que las partes anunciaron que no iban a recurrir.

Madrugada de diciembre

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de diciembre de 2016. Sobre las tres menos cuarto de la mañana, los dos jóvenes llegaron a La Rambla procedentes de la plaza de España, donde habían estado causando destrozos en las casetas. Cuando un vigilante de seguridad les llamó la atención, uno de los sospechosos le lanzó una botella de cristal y le propinó una patada en la mano derecha. El guardia trató de repeler la agresión con su defensa y los acusados huyeron al llegar otro vigilante.

Minutos después, los agresores decidieron regresar. Entonces llevaban un cuchillo de sierra de 21 centímetros, una cadena y un retrovisor que habían arrancado de un ciclomotor y se abalanzaron sobre los dos vigilantes tratando de golpearles con esas armas.

Los perjudicados, atemorizados, intentaron escapar pero fueron alcanzados. Los muchachos intentaron apuñalar a uno de ellos con el arma blanca, le propinaron golpes en la cabeza con el retrovisor y le dieron numerosas patadas y puñetazos. Al poco tiempo, se unieron los dos menores, quienes atacaron a un vigilante del edificio de la Seguridad Social que trató de auxiliar a sus colegas. A este profesional le golpearon en la cabeza con una cadena.

Los dos agresores adultos fueron finalmente arrestados por la Policía Local. Durante su traslado a las dependencias policiales, uno de los procesados amenazó de muerte e insultó a los tres agentes que lo custodiaban. Además, se golpeó la cabeza contra la pared, con intención de autolesionarse y denunciar después ante el juez que había sido torturado.

Los tres vigilantes sufrieron lesiones de diversa consideración. Uno de ellos resultó herido con fracturas en la cara, la cabeza y las manos, así como con contusiones y hematomas por todo el cuerpo. Estuvo dos días hospitalizado y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Tardó cinco meses en recuperarse y padece secuelas como visión doble, alteración del sueño, la memoria y la libido, cicatrices y una desviación nasal. Las otras víctimas padecieron heridas de menor entidad.