Reunión Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal (Acta 15)


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El Congreso anula el 'descuelgue' de las empresas en los contratos públicos aprobado por el PP en el Senado

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV imponen que la nueva ley entre en vigor en los términos que había acordado la Cámara Baja

El Pleno del Congreso ha aprobado la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial.

Así, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV han tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su paso por la Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió el pasado mes de julio del Congreso.

El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de febrero de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir y acordar cambios en la norma.

Finalmente, fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE, y con satisfacción general de los grupos al haber podido introducirse aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas.

Así, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor protección para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más importante de las cláusulas sociales.

¿CALIDAD ANTES QUE PRECIO?

Aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como mandata la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle durante el trámite parlamentario.

También dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primer determinados aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.

Desde Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.

UN SUPERVISOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Otro de los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.

De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia --en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía-- para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Una de las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas.

Asimismo, de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.

LICITACIONES MÁS ABIERTAS

Uno de los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor número de empresas.

Así, la nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos --en caso de que no sea posible la administración deberá justificarlo--, flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.

MAYOR PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Otra reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones las empresas se 'descolgaban' en los concursos de los convenios laborales para presentar ofertas más baratas.

A partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales recogidas en los convenios sectoriales. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.

A la hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además, se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia de contratación.

Metro de Madrid estudia romper con Integral Canaria por impago a sus vigilantes

Un cuarto de los vigilantes de Metro de Madrid dice no estar cobrando sus nóminas. Se trata de 400 personas subcontratadas a través de Seguridad Integral Canaria, una empresa 'pirata' conocida por pagar tarde, mal y nunca a sus empleados. La compañía ya anunció que venderá o cederá todos sus servicios de vigilancia a un tercero para centrarse en otras líneas más rentables, como los sistemas de alarmas o el transporte de fondos. Con dos excepciones: Adif y el suburbano en la capital, donde pretende continuar con su actividad.

Otra cosa es que sus clientes se lo permitan. El equipo jurídico de Metro de Madrid está explorando la posibilidad de sancionar o rescindir el contrato con Seguridad Integral Canaria ante el supuesto impago de los sueldos desde agosto y los continuos retrasos, confirman fuentes del suburbano a este periódico. Los 400 empleados afectados representan un 26% de los 1.500 vigilantes de seguridad que operan en las instalaciones del metro a través de diferentes empresas como Ombuds o Segurisa. No obstante, el gigante canario asegura que la empresa hizo la transferencia del 85% de las nóminas la semana pasada y "no adeuda nada a día de hoy".

Metro de Madrid recuerda que acaba de sacar un nuevo concurso donde una de las cláusulas exige cumplir el convenio estatal de seguridad privada, una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos. Dicho texto garantiza unas condiciones dignas o, como mínimo, alejadas de los 700 euros que están pagando muchas empresas 'pirata' en este sector. Un ejemplo es Marsegur en el Ministerio de Defensa, aunque el departamento capitaneado por María Dolores de Cospedal se ha comprometido a romper el contrato. Esto es posible gracias a los convenios de empresa, amparados por la reforma laboral de 2012.

"Este tipo de situaciones no tendrá cabida con la nueva licitación", garantizan desde el suburbano. No obstante, los sindicatos critican con dureza el importe por considerarlo demasiado bajo. El valor estimado del contrato a cuatro años asciende a 232 millones de euros, una cantidad "insuficiente para cubrir unos mínimos estándares de calidad", sostiene el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Prueba de ello es que solo se han presentado tres empresas hasta el momento.

En este sentido, los representantes de los trabajadores exigen que los convenios de empresa dejen de prevalecer en la nueva Ley de Contratos, que se votará este jueves en el Congreso. Y mantienen las movilizaciones convocadas para el próximo 24 de octubre tanto para pedir un cambio en el modelo de contratación como para protestar por la proliferación de empresas "que intentan acaparar mercado mermando las condiciones laborales". Todo esto en medio de los tira y afloja con la patronal para cerrar un nuevo convenio estatal.
Casi 24 M en contratos públicos, en el limbo

El cese de Seguridad Integral Canaria en vigilancia dibuja un futuro incierto para sus 3.700 empleados, que operan en sitios públicos como ministerios, sedes de gobiernos autonómicos, consejerías, metros o estaciones de tren. De hecho, el 70% del negocio procede de las administraciones públicas. ¿Qué pasará con estos servicios ahora que la empresa tiene intención de deshacerse de ellos?

Podrá hacerlo sin problemas en el caso de los servicios privados, pero deberá cumplir una serie de requisitos en los públicos. Integral Canaria ha obtenido adjudicaciones por importe de 23,7 millones de euros en los últimos tres años solo en ministerios. Su mayor cliente es Defensa (16,6 millones), seguido de Empleo (2,8 millones), Fomento (2,3 millones), Hacienda (1,3 millones), Interior (243.000 euros) y Presidencia (206.000 euros), según los contratos públicos analizados por este periódico. Eso sin contar con su presencia masiva en Canarias, donde vigila el 80% de las instituciones públicas.

El 70%Los ministerios de Defensa, Empleo y Hacienda nos remiten a la Ley de Contratos del Sector Público, que sí contempla la cesión de contratos en su artículo 226 siempre que la Administración pública lo autorice y la empresa tenga ejecutado al menos un 20% del importe inicial. "En este caso, se estudiaría y articularía la mejor solución posible para dar continuidad al servicio" de acuerdo con lo establecido en el marco legal, explican fuentes del departamento dirigido por Cristóbal Montoro.

Pero el organismo público en cuestión puede frenar el proceso si considera que la nueva compañía no cumple con los requisitos solicitados a la adjudicataria o supone una "restricción efectiva de la competencia en el mercado". En cualquier caso, no está claro qué pasará con esos 23,7 millones de adjudicaciones públicas ahora que se ha abierto el melón de la seguridad privada en España. A raíz del conflicto de El Prat, el Gobierno emplazó a los sindicatos a reunirse para abordar la situación global de los vigilantes en España. Ya han tenido dos encuentros y volverán a verse la semana que viene.

Los sindicatos sospechan que Marsegur, la empresa que paga sueldoscercanos al salario mínimo a sus vigilantes, aspira a tomar el relevo de Seguridad Integral Canaria. La otra candidata es Sinergias de Seguridad, con un 'modus operandi' similar. "¿Piensa tirar a la baja en la venta y dejarnos expuestos a sueldos de 700 euros al mes?", plantearon los representantes de los trabajadores en el último encuentro privado con el director general, Héctor de Armas. "No tengo ni idea, pero sí os garantizo que ya no será un problema de Integral Canaria", replicó.

El PSOE pide "evitar la precariedad" en el sector de la seguridad privada

El PSOE ha pedido al Gobierno, mediante una Proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados, "que se tomen medidas para evitar la explotación y precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas".

Así lo ha explicado la diputada del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano, que ha señalado que "los clientes de la seguridad privada, tanto en el ámbito público como privado, establecen en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación, las ofertas económicas más bajas".

Todo esto ha supuesto, según Serrano, que el sector tenga "un horizonte de desregulaciónpor el abandono del convenio sectorial, con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas perjudicando de forma sistemática los derechos de los trabajadores e incluso con incumplimientos en materia contributiva y con fraude fiscal".De este modo, según los socialistas, "la adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad es absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unas condiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de calidad suficiente, lo que ha favorecido el intrusismo en el sector".

Según Serrano, a esto se suma "la proliferación de las denominadas empresas multiservicios, con una clara política de intrusismo para el sector de la seguridad privada y que supone que trabajadores con categoría de auxiliares ejerzan funciones propias de vigilantes de seguridad privada, en peores condiciones laborales, con menos derechos reconocidos y bajos niveles salariales". "Todo con el único objetivo de abaratar costes sin buscar la calidad del servicio”, continúa la diputada socialista.

Los socialistas advierten que "estas empresas auxiliares han ido en aumento constante y el 95 por ciento de ellas están desvinculadas del Convenio Sectorial Estatal, imponiendo a sus trabajadores condiciones laborales de máxima precariedad e incumpliendo de manera sistemática las normativas laborales, fiscales, sociales y económicas”, 

La diputada socialista ha asegurado que “con la reforma laboral del PP, los trabajadores han experimentado recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50 por ciento, y los que llevan más de 30 años en la misma empresa y han visto su sueldo reducido debido a la prioridad aplicativa del convenio de empresa”.

Por todo ello, el PSOE ha reclamado al Gobierno que "recupere la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa mediante la derogación de la reforma laboral, y que se adopten medidas para garantizar el respeto del convenio colectivo sectorial de aplicación por parte de los adjudicatarios de contratos públicos, haciendo efectiva su integración de forma taxativa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral".

Igualmente, el PSOE ha pedido que "se impulse una contratación pública socialmente responsable mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que se impulse una contratación pública socialmente responsable en la ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, tal como disponen las directivas europeas".

Solo tres empresas presentan ofertas para el macroconcurso de seguridad del Metro

Solo tres empresas han presentado documentación para hacerse con el concurso millonario de seguridad del Metro de Madrid por un importe de232 millones de euros. La empresa ha procedido a la apertura de las ofertas que no cubren los cinco lotes previstos en el concurso que fue convocado el pasado verano.

Las empresas que han presentado sus ofertas han sido Ombuds, Segurisa y Trablisa. Ahora los técnicos deberán hacer las valoraciones. Algunas fuentes señalaban ayer que Trablisapodría quedar descartada por no cumplir las especificaciones técnicas de la convocatoria.

Fuentes del sector han señalado que la mayor parte de las grandes empresas del sector no han acudido por el bajo precio de la licitación en alguno de los lotes. Sin embargo, otras fuentes han señalado que las exigencias de la empresa para que se cumplan los convenios colectivos han echado atrás a muchas empresas.

Los sindicatos han convocado varias huelgas, incluso con incumplimiento de los servicios mínimos, en pleno nivel 4 de alerta por terrorismo por el constante incumplimiento de los convenios colectivos por parte de algunas de las empresas adjudicatarias.

Las condiciones del concurso señalaban que ninguna empresa recibiría más de un lote salvo que no se presentaran ofertas suficientes, como ha sucedido. Ahora la compañía deberá decidir la distribución de las empresas y las líneas que deberán vigilar desde la adjudicación final.

La dirección de la empresa fallará la convocatoria en las próximas semanas, mucho antes de que venza el plazo límite previsto, que es el 31 de enero. El concurso fue convocado con un presupuesto base de 185 millones de euros y un máximo de 232 millones de euros. La duración del concurso será de cuatro años, aunque se podrá ampliar un año más pero por periodos semestrales.

Existen algunas penalizaciones, como las que hablan del incumplimiento de los procedimientos establecidos o actuación indebida o política de relaciones laborales. También se incluyen ‘castigos’ por la publicación de noticias negativas relacionadas con la seguridad.

La empresa Seguridad Canaria ha recurrido al tribunal de la Contratación el pliego de condiciones por considerar que le perjudicaba. Fuentes del Metro indicaron que esperaban que esta reclamación no tuviera éxito.

Patronal, sindicatos y Gobierno negocian para expulsar a las empresas 'pirata' de seguridad

Se trata de un negocio de 500 millones de euros. Aproser, la patronal controlada por Prosegur, Hacienda, Empleo y las fuerzas sindicales han iniciado las reuniones para evitar más conflictos como los de El Prat (Eulen) y Defensa (Marsegur).

Las huelgas de vigilantes de seguridad por impagos de sueldos que han provocado el colapso en el aeropuerto de El Prat este verano (vigilantes de Eulen) o en el Ministerio de Defensa la semana pasada (Marsegur) podrían tener los días contados. Al menos, este es el objetivo de las reuniones que tras el colapso en las instalaciones de AENA han realizado representantes del Ministerio de Hacienda, de Empleo, de la patronal controlada por Prosegur y Securitas (Aproser) y de los sindicatos, para modificar el convenio nacional del sector.

Según ha podido saber este diario de fuentes de empresariales, el objetivo es acabar con los "entre 400 y 500 millones de euros" de concursos públicos que se han llevado en los últimos años compañías que las grandes (también otras como Ombuds, que aún no está en Aproser pese a ser la tercera compañía del sector) califican como "piratas" y que están lideradas por Marsegur, Sinergias de Seguridad y otras compañías que optan por hacer descuelgues de convenio. Esto es, ofrecer en los concursos públicos bajas de hasta un 30% al presupuesto de licitación, para posteriormente salirse del convenio general del sector y bajar sueldos a sus trabajadores para poder afrontar.

La administración hasta ahora ha colaborado en estas prácticas, primero permitiendo los descuelgues en la reforma laboral de 2012, y luego teniendo como valoración objetiva para sus adjudicaciones sólo el precio. Así ha pasado durante los últimos años con muchas compañías que han acabado dando problemas y cuyos convenios de empresa han sido recurridos y anulados.

En realidad, desde las empresas y los sindicatos se tiene claro que en caso de que esta práctica se elimine en la administración, la razón de ser de las empresas de bajo coste dejarán de existir.

En los pliegos públicos de condiciones para licitaciones de servicios de seguridad privada, la oferta económica podría llegara importar hasta un 70% en el total y los criterios técnicos un 30%. Con estas condiciones era posible adjudicar a ofertas temerarias que luego incumplían sus compromisos, o bien bajaban los sueldos a los trabajadores provocando movilidad laboral, imposibilidad de atender a las bajas y sustituciones y afectando al servicio. Los sindicatos manejan ahora propuestas para la administración que hablarían de ofertas de 50-50% o incluso inferiores.

El propio Ejecutivo, una vez pasados los peores años de crisis económica y de caída de ingresos, está convencido de que la inercia debe cambiar y también de que el modelo de licitaciones a la baja les ha dejado con una enorme deuda de empresas de seguridad privada tanto para Hacienda como para la Seguridad Social. En la última lista de morosos publicada por el ministerio de Cristóbal Montoro, las empresas de seguridad privada debían más de 130 millones de euros al fisco.

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LUCHA POR UN CONVENIO JUSTO.

CONCENTRACION DIA 24 DE OCTUBRE.

DE 12 A 13 HORAS.

INMEDIACIONES DE LA ESTACION DE ATOCHA.

GLORIETA DEL EMPERADOR CARLOS V.

                  
                 Justificante registro concentración           Comunicado conjunto

Reunión convenio seguridad privada

              
                         Acta nº 13                                            Acta nº 14

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LIQUIDACIÓN DE SEGUR IBÉRICA, S.A.

Estimados Sres. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 152.1 de la Ley Concursal, a continuación les remitimos el tercer Informe Trimestral de Liquidación de Segur Ibérica, S.A. 

Quedamos a su disposición para cualquier cuestión o aclaración que pudieran precisar al respecto. 

Finalmente, les recordamos que todas las comunicaciones a la Administración Concursal deberán ser realizadas a través de la siguiente dirección de correo, acseguriberica@es.pwc.com

Atentamente

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 

Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 

Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 B - 28046 Madrid.


Reunión convenio seguridad privada

Acta nº 12


Reunión grupo de trabajo de seguridad privada



¿Por qué se movilizan los vigilantes de seguridad privada y por qué tenemos que apoyarles?

A pesar de que este verano se haya hablado un poco más a raíz de la huelga del Prat, la situación que viven diariamente los y las vigilantes de seguridad en este país es de extrema precariedad. Y cada día que pasa es peor. Lo que se esconde detrás es una mafia, la connivencia de intereses entre unos pocos empresarios y unos pocos políticos.

Se ve muy bien en este sector cómo la corrupción no trata sólo de personas corruptas sino fundamentalmente de “políticas corruptas”. Una serie de políticas que juntas permiten que a día de hoy unos cuantos amigos del Partido Popular estén “forrándose” a costa de cientos de miles de trabajadores y sus familias.

Políticas como la imposición de la Reforma Laboral del año 2012 que significó de facto el fin de la negociación colectiva en nuestro país. En la práctica, priorizar el convenio de empresa sobre el convenio sectorial o estatal genera que las empresas puedan aplicar un convenio con peores condiciones que el del sector para sus trabajadores. Por ejemplo: el caso de la empresa calificada en el sector como “pirata”, Marsegur, que paga a sus trabajadores un 33% menos.

Políticas de pésima gestión del sector público como las que genera una Ley de Contratos Públicos -ahora en proceso de reforma- que impide que en el caso de que un Gobierno quiera contratar con empresas que cumplan con las condiciones laborales dignas, pueda hacerlo. Dificultando o casi impidiendo en la práctica la aplicación de cláusulas sociales. Y favoreciendo, desde luego, que se hagan pliegos a medida.

Esto, junto al inexistente control una vez contratadas las empresas, genera una dinámica perversa en la que ganan los concursos empresas que ofertan a la baja conscientes de no poder cumplir, conscientes de que no se las va a controlar y de que tras quebrar pueden montar de nuevo una empresa similar y volver a empezar. La otra pieza es la subrogación de los trabajadores que, aunque en principio es un derecho laboral fundamental, también se convierte en un mecanismo perverso porque permite trasladar a vigilantes de empresa pirata en empresa pirata.

Gracias a esto, gobiernos del Partido Popular como el de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid adjudican contratos una y otra vez a empresas que maltratan a sus trabajadores y que desde luego impiden que existan unos servicios de calidad mientras miran a otro lado. Empresas que tienen sentencias por vulnerar derechos laborales fundamentales o por no pagar a la Seguridad Social y Hacienda, usando esos criterios fundamentalmente económicos que terminan cerrando el círculo con la exclusión en el sector público de las empresas que sí pagan salarios dignos y cumplen con los derechos laborales.

Estas políticas corruptas están haciendo que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada estén cobrando alrededor de 750 euros al mes. Convierten esas bajadas temerarias en deudas para cientos de miles de familias, o directamente en los pagadores ya que no cobran en muchos casos por ejemplo en Marsegur, a pesar de que haya ya varias sentencias en firme declarando nulos los convenios de estas empresas. Pero ¿a quién le importa que quiebren y no puedan pagar a los vigilantes lo que les deben si ya está FOGASA? ¿a quién le importa que FOGASA devuelva solo una parte que sigue saliendo de nuestros bolsillos?

El resumen de todo ésto es que unos cuantos amigos del Partido Popular (como Miguel Ángel Ramírez que es conocido donante) controlan el monopolio de la seguridad privada que se presta en los servicios públicos a través de unas empresas “pirata” que reciben siempre las adjudicaciones de la administración a pesar de no cumplir con las condiciones laborales básicas, una ciudadanía que no recibe unos mínimos en la calidad de los servicios en ocasiones muy delicados, y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en la miseria.

Los trabajadores y trabajadoras están hartas, porque la precariedad que viven llega a niveles inhumanos. Esta semana han hecho huelgas en todo el país. Y se han movilizado en Madrid, una convocatoria a la que han acudido desde todo el Estado. Es fundamental apoyarles porque son un sector invisibilizado, muchas veces ninguneado, pero con una gran potencia. Su lucha por los derechos laborales, y sus victorias, es la de todos y todas.

Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid

Los vigilantes de seguridad piden una huelga del sector para mejorar sus condiciones

  • Bajo el lema "No somos esclavos, somos vigilantes", el colectivo se ha manifestado en Madrid para exigir a los sindicatos mayoritarios una huelga general en el sector. 
  • Si sus protestas no surten efecto, no descartan más movilizaciones.
  • El Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para rescindir el contrato con una empresa de seguridad a la que se atribuían muchos "incumplimientos".
El colectivo de vigilantes de seguridad se ha manifestado este miércoles en Madrid para exigir a los sindicatos mayoritarios una huelga general en el sector que mejore definitivamente sus condiciones laborales.

A la manifestación han acudido cerca de 3.000 profesionales de diferentes provincias, según el Movimiento 27S, que ha convocado la protesta, aunque la Delegación del Gobierno ha rebajado la cifra a unos 1.400. El denominado Movimiento 27 llamó a través de las redes sociales a todos los vigilantes de España "sin siglas ni banderas" para pedir "la dignificación y protección del sector de seguridad privada en materias jurídicas, sociales, materiales y salariales", algo para lo que consideran necesario que los sindicatos mayoritarios convoquen "de una vez" una huelga general del gremio. 

Precisamente este miércoles se ha sabido que el Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para rescindir el contrato de seguridad con la empresa Marsegur por todos los "incumplimientos" que se han reportado en los últimos meses, después de que el Congreso pidiera al Gobierno esa rescisión. 

El pasado martes los sindicatos mayoritarios en el sector (UGT, CCOO y UGT) convocaron a huelga a todos los trabajadores de Marsegur para denunciar que no cumple el convenio colectivo, tiene sentencias judiciales en contra y paga hasta un 30% menos del salario medio del sector, que además adeuda a muchos de los empleados. 

Los congregados han ido desde la Puerta del Alcalá de Madrid hasta la sede del Ministerio de Trabajo en el Paseo de la Castellana con banderas de sus lugares de origen, carteles a favor de una huelga general y la pancarta: "Salario digno, convenio justo, protección jurídica. No somos esclavos, somos vigilantes". 

Lo han hecho en un ambiente reivindicativo y festivo, sin incidentes. "Queremos una huelga indefinida y total en el sector, no protestas a trocitos", resumió Bernardo Rabassa en nombre de los congregados. Rabassa ha destacado que esta protesta es "de los vigilantes y para los vigilantes" y ha sido "un éxito total" porque "los sindicatos nunca juntaron a tanta gente en la calle". Ahora esperarán unos días para ver si la protesta surte efecto y si no, no descartan más movilizaciones.

El Congreso insta a Defensa a rescindir un contrato de seguridad privada de 32 millones

En una decisión de la que es difícil encontrar precedentes, el Congreso de los Diputados ha instado este martes al Ministerio de Defensa a rescindir su contrato con la empresa de seguridad privada Marsegur “por incumplimiento de los derechos de los trabajadores”. La proposición no de ley, presentada por Unidos Podemos, fue aprobada por la Comisión de Defensa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el popular, que se abstuvo.

Pero el portavoz del PP, Ricardo Tarno, reconoció que Defensa “no está nada satisfecha, ni en lo profesional ni en lo laboral, con el servicio” que presta dicha empresa y anunció que el ministerio que dirige María Dolores de Cospedal está “firmemente decidido” a resolver el contrato “de la manera más rápida que permita la legalidad”

Defensa adjudicó en diciembre del año pasado a Marsegur la vigilancia de casi 200 instalaciones militares en toda España, incluida la sede central del departamento, por 32 millones de euros, en lo que constituye uno de los mayores contratos públicos con una empresa privada de seguridad. El contrato, con una duración de un año prorrogable, entró en vigor en mayo y casi desde el principio Defensa empezó a recibir quejas por su mal funcionamiento.

La decisión del Congreso coincidió con la segunda jornada de huelga del millar de trabajadores de Marsegur, en protesta por los recortes salariales y el retraso en el abono de sus nóminas. El paro tuvo un seguimiento superior al 80%, según los sindicatos. No hubo servicios mínimos, por lo que en numerosos casos fueron sustituidos por soldados. Unos 300 manifestantes se concentraron ante el Hospital Central de la Defensa, en Madrid.

Los empleados de Marsegur cobran 789 euros al mes, casi un tercio menos de lo previsto en el convenio estatal del sector (1.091 euros). La compañía se ampara en la reforma laboral de 2012 para aplicar su propio convenio de empresa, en lugar del sectorial, pero este fue declarado nulo en mayo pasado por la Audiencia Nacional.

Además de los centros dependientes de Defensa. Marsegur se encarga de vigilar instalaciones de Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias y delegaciones del Gobierno, entre otras instituciones.

Fuentes del sector sitúan a Marsegur entre las llamadas empresas pirata o low cost de la seguridad que ganan adjudicaciones a base de ofertar precios más bajos que sus competidores, lo que repercute en los salarios y condiciones laborales de sus empleados. Los grupos parlamentarios pidieron que se abra un debate sobre los criterios de adjudicación de los contratos de seguridad privada.

El Gobierno central denunciará por lo penal a Seguridad Integral Canaria

El Gobierno ha acordado hoy denunciar ante la Fiscalía a la empresa Seguridad Integral Canaria al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, la remisión del caso al Ministerio Fiscal implica la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto a la empresa hasta que la justicia se pronuncie.

La compañía es propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y tiene presencia en todo el país por los concursos ganados para la vigilancia de edificios de distintas Administraciones públicas.

El Gobierno ya llevó ante la Fiscalía, antes del verano, a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa del sector que los sindicatos de la seguridad privada relacionan también con Ramírez, algo que niega el empresario.

Ramírez ya tiene abierta una causa en un juzgado de Instrucción de Las Palmas por supuesto fraude a la Seguridad Social y Hacienda.

Seguridad Integral Canaria anunció este verano que dejaría de prestar servicios de vigilancia presencial para mantener sólo los de transporte de fondos y alarmas, traspasando a los trabajadores del área de vigilancia a otras empresas.

La huelga de El Prat, punta del iceberg de la situación de los vigilantes

El conflicto de los vigilantes del aeropuerto de El Prat es "la punta del iceberg" de la realidad de un sector con sueldos de 1.000 euros, turnos de 12 horas y muchas "empresas piratas", y ha servido para dar visibilidad a sus reivindicaciones y encarrilar la búsqueda de una solución global.

Los sindicatos valoran que ese conflicto, "similar a otros", sirva para poner de manifiesto que el sector de la seguridad privada tiene que dignificarse porque estos profesionales prestan servicio junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares sensibles, algo especialmente relevante en un momento de alerta 4 antiterrorista reforzado tras los atentados de Cataluña.

En España hay unos 80.000 vigilantes de seguridad en activo que trabajan tanto en lugares privados como sobre todo en administraciones públicas, en muchos casos en infraestructuras "críticas" como aeropuertos o centrales nucleares, según detallan a Efe desde los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y USO) y desde la Plataforma Social por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de Seguridad Privada, que integra a otros cinco.

Coinciden todos en que es precisamente en las administraciones públicas donde más se contrata a "empresas piratas" que se valen de la reforma laboral de 2012 para descolgarse del convenio colectivo y pagar hasta 300 euros menos al mes a unos profesionales que ya cobran de media, sin antigüedad y complementos, unos 1.000.

"Es como una subasta pura y dura, se da al más barato", resume el secretario del Sector de Seguridad de UGT, Sergio Picallo, que entiende que "hay que cambiar de tendencia y pasar del caos y el descontrol a la coordinación y la profesionalización del sector" y "no permitir que la Administración sea el principal agente de precarización".

Para encauzar este cambio Picallo confía en la labor del recién creado grupo de trabajo que abordará la situación del sector en las infraestructuras públicas, en el que participan cuatro ministerios, la patronal y UGT y CCOO.

Confía también en que, paralelamente, avance la bloqueada negociación del convenio colectivo, con una mejor disposición de la patronal. Si no, habrá movilizaciones "generalizadas".

Las reivindicaciones del sector son cíclicas y justo antes del verano se pusieron de manifiesto en la calle con concentraciones el pasado 28 de junio en las principales ciudades en las que participaron miles de vigilantes que exigieron un convenio justo, en contra de la propuesta "regresiva e inadmisible" que había hecho la patronal en la mesa negociadora.

Allí los sindicatos ya advirtieron de la importancia del trabajo de los vigilantes en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en un momento de nivel 4 de alerta antiterrorista en el que cualquier día podría haber un atentado, como finalmente pasó en agosto.

Y en julio estalló el conflicto de los trabajadores de Eulen en El Prat, que aún continúa.

Este caso ha hecho aflorar otros, con diferentes avisos de movilizaciones, entre ellos una huelga en la empresa Marsegur, una de las más criticadas, para el 25 y 26 de septiembre convocada por UGT, CCOO y USO.

También una huelga indefinida en todo el sector los días 23 y 24 de septiembre, seguida de paros, por parte de la Plataforma Social para la Defensa de Trabajadores de la Seguridad Privada, que pide una subida salarial del 10 % y compromiso de "no retroceso". Y una "gran concentración" el día 27 en Madrid por parte de dos colectivos minoritarios que quieren huelga en todo el sector.

Los tres sindicatos mayoritarios no apoyan estas dos convocatorias para una huelga genérica porque creen que ahora es momento de negociar, aunque advierten de que si no hay avances en las próximas semanas viviremos "un otoño caliente".

"En la reunión del grupo de trabajo con el Gobierno hubo muy buenas palabras, pero lo vemos con precaución porque queremos propuestas reales, con presupuesto para subir salarios y mejorar derechos", advierte desde Comisiones Obreras Daniel Barragán, que avisa de que mientras ese grupo avanza ellos no van a dejar de movilizarse por un convenio justo.

El secretario general de Seguridad Privada de USO, Basilio Alberto Febles, cuantifica en 20.000 los profesionales que trabajan para empresas con condiciones inferiores a las del convenio colectivo, el 90 % de ellos en administraciones públicas, y urge también a una "dignificación" que este sindicato demanda desde hace años.

Alerta de que, además de las malas condiciones, estas empresas suelen acaban en concurso de acreedores y dejan deudas a la Seguridad Social, como ha pasado con Esabe, con 28 millones, Falcon con 13 o Seguridad Integral Canaria, con 21 millones, según señala.
Fuente: El periódico

Metro-Madrid aumentará la seguridad con casi 300 vigilantes más

El próximo año, los usuarios del metro se encontrarán con una red atendida por un mayor número de vigilantes: los 1.400 actuales se incrementarán en unos 280. El contrato vigente acaba a finales del próximo enero, y la Consejería de Transportes pide a las empresas interesadas un incremento del 20,7% en las horas que se dedican ahora a la vigilancia. Además, exigirán a los adjudicatarios que abonen a sus empleados, como mínimo, el salario contemplado en el convenio colectivo del ramo. De esta forma, pretenden evitar conflictos laborales que afecten al servicio.

Nuevas reglas del juego para las empresas interesadas en hacerse cargo de la seguridad de las líneas del metropolitano. El contrato vigente desde 2013 finaliza el 31 de enero del año próximo. La Consejería de Transportes quiere aumentar las horas de vigilancia en un 20,7%, que haya más seguridad fija en las estaciones, además de asegurarse de que no le van a repercutir conflictos laborales debidos a problemas salariales, como en otras ocasiones.

Para blindarse lo máximo posible en este último aspecto, ha introducido una cláusula en la licitación pública que supone el abono, como mínimo, del salario previsto en el convenio colectivo del ramo. En el caso de que la empresa no cumpla, será motivo de resolución del contrato. No se contemplaba en el acuerdo vigente.


Hasta ahora, la Comunidad requería un precio mínimo a las empresas interesadas que coincidía con el fijado en el convenio colectivo de los vigilantes. Sin embargo, los adjudicatarios podían realizar bajas y llegar a no abonar las nóminas a sus trabajadores, con la consiguiente aparición de conflictos laborales.

Más estaciones patrulladas

El nuevo contrato también pretende incrementar las horas de vigilancia, lo que implicará una subida semejante en el número de personas que prestan el servicio. En la actualidad, el contrato prevé la realización de 1.867.676 horas con una plantilla de 1.400 vigilantes, que con las nuevas exigencias aumentarían en unos 280. Una cantidad de trabajadores que Metro considera suficientes para subir, a su vez, el número de estaciones con vigilantes fijos, que se determinarán según las necesidades.

La compañía varía al mismo tiempo el modelo de gestión. En el actual, las líneas se dividían en tramos de los que se ocupaban diferentes empresas. A partir de ahora, las líneas se vigilarán completas por las compañías que ganen el concurso.

Metro está dispuesto a pagar por todo ello un 9% más que en el contrato vigente, que se adjudicó en enero de 2013 por 170,4 millones para cuatro años y con posibilidad de dos prórrogas anuales. La línea en la que más hurtos se suelen producir es la 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros), debido a que discurre por el centro de la ciudad, lugar especialmente apreciado por los carteristas. Normalmente se incrementan cuando se refuerza la seguridad en el exterior, y los ladrones deciden cambiar de territorio y bajar al metro.

La conflictividad laboral pone en evidencia el recambio de 12.000 policías por vigilantes

“El problema está ahora en los aeropuertos, pero ya veremos qué pasa si se declaran en huelga los vigilantes de las prisiones”, explican fuentes del SUP (Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el cuerpo), que denuncian cómo, en los últimos años, “se está produciendo un adelgazamiento y se están derivando a la seguridad privada filtros que eran públicos”.

La situación que se ha vivido en las últimas semanas en el aeropuerto de El Prat, y la que se puede dar en las prisiones, como consecuencia de los conflictos laborales tiene dos causas en su origen, explican fuentes policiales: el recorte de plantillas en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, intensificado en los últimos cinco años hasta superar los 12.000 efectivos, y la ley de Seguridad Privada de 2014, que habilita a las empresas privadas para asumir tareas de vigilancia en espacios e instalaciones públicos.

Esa sustitución de policías por vigilantes es generalizada en los 48 aeropuertos de Aena (Eulen vigila 21; Prosegur, 17; ICTS, 7; Segurisa, dos; y Tablisa, uno), por los que el año pasado transitaron 230 millones de pasajeros y casi 800 millones de toneladas de mercancía. Sin embargo, la prestación de esos servicios privados de seguridad ha comenzado a verse alterada, básicamente por conflictos de carácter laboral entre los que resulta emblemático el de El Prat, donde el personal que controla los accesos a los vuelos volverá a la huelga el 6 de octubre, mientras los empleados de otros, como los de Santiago y A Coruña, por una parte, y los de Valencia y Alicante por otra, han amagado con unos paros que no llegaron a producirse.

Seis años sin formar guardias civiles

El recorte de las plantillas policiales ha sido notable desde finales de 2011, con la llegada de Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior. Alcanza los 5.764 efectivos en el instituto armado (de 82.692 a 76.928) e incluye reducciones en todas las provincias, mientras Ceuta y Melilla ganaban 45 agentes, según los datos facilitados por AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el cuerpo) y extraídos de respuestas parlamentarias. Mientras, la reducción de puestos en la Policía supera los 7.000 para quedarse ligeramente por encima de los 65.000. Eso supone casi una décima parte del personal, mientras los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas reducen las plantillas a 74.395 y 64.488 miembros.

En el caso de la Guardia Civil, cuerpo encargado de supervisar el tráfico de mercancías, esa política de personal ha ido acompañada de otras medidas como desmantelar los grupos de especialistas fiscales (el de Barajas fue fusionado con otro hace año y medio), aparcar la formación de agentes (el último curso fue convocado en julio de 2011), asignar las vacantes por antigüedad (sin valorar otros méritos) y recortar medios: aeropuertos como el de Zaragoza, que con 110 millones de toneladas le disputa a El Prat el segundo puesto en género transportado, carecen de perros adiestrados, mientras son varios los complejos que incumplen la obligación de que dos agentes supervisen los embarques mientras otros se encargan del trasiego fronterizo y el control de mercancías.

“Hay agentes que gestionan y tramitan mercancías sin tener preparación para hacerlo”, explican fuentes policiales, que llaman la atención sobre otro aspecto: “la Agencia Tributaria comienza a delegar funciones de despacho en empresas privadas, como las aéreas, que solo avisan cuando un envío lleva el distintivo rojo que identifica las remesas de armas y explosivos, los de origen sensible y algunos señalados aleatoriamente”, explican fuentes de AUGC.

Cárceles y cuarteles

Ese desmantelamiento de las unidades fronterizas también afecta a la Policía Nacional, responsable de vigilar el tráfico de personas y cuya presencia se redujo tras los acuerdos de Schengen a cinco comisarías conjuntas con la Gendarmería en el Pirineo y cuatro con la Guardia Nacional Republicana en Portugal, aunque las UIP (Unidades de Intervención Policial, antidisturbios) realizan controles móviles de manera esporádica.

“Hay Guardia Civil y Policía en los aeropuertos, pero muy poca y cada vez con menos funciones”, señalan fuentes del SUP. Mientras, comienza a ocurrir lo mismo en las cárceles y los cuarteles militares.

El Consejo de Ministros sacó el año pasado a concurso por 58 millones de euros el segundo contrato de vigilancia de cárceles, que incluye la cobertura permanente de 203 puestos (unas 900 personas) en los 67 centros penitenciarios del Ministerio del Interior (todos salvo los catalanes, transferidos en los años 80). Los vigilantes privados comenzaron en 2014 a reemplazar a la Guardia Civil en el control de los perímetros y los accesos y la gestión de los circuitos cerrados de televisión y las alarmas.

Meses después, el abril de este año, Marsegur se hacía, por casi 19 millones de euros, con la contrata para vigilar 188 instalaciones de Defensa entre las que se incluyen cuarteles y bases, además de sedes administrativas y museos.

Registros y detenciones

“La reforma de la ley de seguridad privatiza la seguridad pública, ya que habilita a empresas para prestar servicios en espacios públicos en los que estaba restringida su presencia”, señalan las fuentes consultadas, que se preguntan: “¿eso puede tener ventajas? Puede. Pero lo que está claro es que tiene desventajas, y las estamos viendo”.

Esa reforma otorga a las empresas de vigilancia privada y a su personal competencias que hasta hace poco eran exclusivas de las fuerzas de seguridad, como “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos” públicos, registrar el interior de vehículos y los efectos personales de un ciudadano e, incluso, detenerlo, aunque con la obligación de ponerlo “inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes”.

La tramitación de esa ley, que el PP sacó adelante con el apoyo de la extinta CiU y el PNV, provocó un tenso debate parlamentario.

Metro-Madrid exigirá a las empresas de seguridad privada que cumplan el convenio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado hoy que en la próxima concesión del servicio de seguridad de Metro se exigirá que las empresas adjudicatarias cumplan el convenio colectivo del sector.

De esta forma, incluyendo esta exigencia en los pliegos de contratación del servicio, se asegurará una mejora en las condiciones laborales y salariales de estos empleados.

Cifuentes ha explicado que su Gobierno se ha encontrado situaciones como la que UGT denuncia en Metro, con salarios por debajo del convenio, en "diferentes empresas de seguridad que cubren servicios en diferentes dependencias" de la Comunidad.

Por ello, en el nuevo concurso que se celebrará en Metro en el mes de noviembre "se va a exigir obviamente que se cumpla en todos los términos las condiciones del convenio colectivo", ha explicado la dirigente autonómica a preguntas de la prensa durante un acto en la estación de Metro de Suanzes.

"Vamos a velar por respetar los intereses de los trabajadores que prestan servicios en empresas que a su vez prestan servicio en Metro", ha afirmado Cifuentes.

Recientemente UGT ha denunciado que Seguridad Integral Canaria (SIC), concesionaria del servicio en zona centro, Metro Sur, en líneas 11, 10 y parte de la 6 y en el suroeste de la línea 5, mantiene a sus 500 trabajadores en un marco de relaciones laborales "regresivo" con bajos salarios tras descolgarse del convenio colectivo, extremo que niegan desde esta empresa.

Según el sindicato, varias empresas del sector buscan dominar el mercado con una oferta de seguridad de bajo coste producto de abaratar los precios a cambio de rebajar salarios.

El grupo de trabajo sobre la seguridad privada se reunirá el 11 de septiembre

El grupo de trabajo que abordará la situación del sector de la seguridad privada en España anunciado por el Gobierno celebrará su primera reunión el próximo 11 de septiembre, ha informado hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

El titular de Fomento ha señalado, al término de una reunión con la ministra de Transportes de Francia, Elisabeth Borne, que ya se han remitido las cartas para que se designen a los miembros que formarían parte de este grupo de trabajo, creado para evitar que se repitan conflictos como el generado este verano en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.


Formarán parte de la mesa de trabajo ocho representantes de la Administración general del Estado -dos del Ministerio de Fomento, dos del de Hacienda y Función Pública, dos del de Empleo y Seguridad Social y dos del de Interior-, cuatro de los sindicatos y otros cuatro de las organizaciones empresariales.

Tras lograr poner fin al conflicto entre los trabajadores de Eulen Seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa, con el establecimiento del laudo arbitral de obligado cumplimiento, ahora "nos corresponde seguir avanzando en contribuir a que los acuerdos que se puedan generar se hagan en el seno de la mesa sectorial de carácter nacional".

En cuanto al laudo, preguntado por su impugnación ante el Tribunal Supremo por parte de los trabajadores de Eulen, el ministro ha dicho que "están en su derecho".

De la Serna espera que en el seno del grupo de trabajo -donde va a haber representantes de la Administración general del Estado- "seamos capaces" de analizar entre otras cuestiones la formación de los vigilantes de seguridad privada, la calidad o el tiempo de trabajo que se puedan luego elevar a la correspondiente mesa sectorial y, en ese marco, establecer las condiciones de carácter nacional.

A su juicio, "no tiene sentido" que la situación de la seguridad privada se aborde "punto por punto" en cada una de las infraestructuras, sino a escala de todo el sector.

El titular de Fomento ha recordado que se trata de la seguridad privada en infraestructuras de todo tipo de instalaciones que dependen de diferentes administraciones, por lo que "es bueno también" que en lo que se va a abordar en este grupo de trabajo, se tenga en cuenta lo que nos puedan aportar la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y las administraciones autonómicas.

El Gobierno ha aceptado la creación de dicho grupo de trabajo a petición de las principales organizaciones sindicales con el objetivo de analizar todas las cuestiones que contribuyan a una mejora de la prestación de los servicios y las condiciones de trabajo en el ámbito de la seguridad privada en el transporte terrestre, aéreo y marítimo de competencia estatal.

La seguridad privada se levanta en armas (no solo en aeropuertos): así queda el calendario

Septiembre y octubre vienen cargados de huelgas tanto en aeropuertos como en ministerios. ¿Por qué? Las adjudicaciones 'low cost' han agotado la paciencia de los vigilantes de seguridad.

Foto: Calendario de huelgas en instituciones públicas y aeropuertos. (Fuente: Carmen Castellón)

Otoño caliente a la vista. Los vigilantes de seguridad privada subcontratados por las administraciones públicas están trazando el calendario de huelgas de cara a los próximos tres meses, y no solo en los aeropuertos. Los últimos en alzar la voz han sido los más de 500 empleados que custodian las instalaciones del Ministerio de Defensa a través de Marsegur, hartos de cobrar 789 euros brutos al mes y sufrir retrasos en los pagos.

Los sindicatos han convocado una manifestación el próximo 7 de septiembreen los más de 100 centros que María Dolores de Cospedal tiene esparcidos por toda España, así como paros de dos o tres días la última semana de ese mismo mes para protestar por la adjudicación 'low cost'.

No son los únicos. Seguridad Integral Canaria metió el miedo en el cuerpo de sus 3.700 efectivos cuando se supo que está a punto de ceder o vender sus servicios de vigilancia (tanto públicos como privados) a otros. El negocio ha dejado de ser rentable pese a que esta compañía ya intentó 'tirar' los precios con un convenio propio en Las Palmas, con sueldos inferiores a los del convenio estatal. Pero el Tribunal Supremo lo declaró nulo el verano pasado.

Ante la incertidumbre generada y el temor de que los servicios pasen a manos de empresas 'piratas' como Marsegur o Sinergias de Seguridad, los trabajadores han convocado una huelga el día 7 de septiembre en todas las instalaciones del Gobierno de Canarias donde Seguridad Integral Canaria tiene contratos públicos en vigor, como Presidencia o Justicia. La vigilancia del 80%de los servicios públicos de las islas cae en manos de esta compañía.

Huelga en tierra, mar.. y aire

Los estibadores arrancaron una etapa de conflictividad laboral sin precedentes en los puertos españoles. Fomento tardó meses en apagar el fuego (del que aún quedan cenizas) y no tuvo tiempo para tomarse un respiro, pues en julio estalló una nueva bomba en el segundo aeropuerto más importante de España. Los vigilantes de Barcelona-El Prat, subcontratados por Aena a través de Eulen, denunciaron que faltaban manos, sobraba estrés y desaparecían complementos salariales, poniéndose en huelga y generando colas de hasta una hora en los controles.

Tras conocerse el laudo de obligado cumplimiento emitido este jueves por el árbitro, el comité de huelga se plantea desconvocar la huelga del próximo viernes 8 de septiembre, prevista a partir de ese día para los viernes de 10:30 a 11:30 y de 18:30 a 19:30 en El Prat. Así lo señaló el portavoz del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, en una rueda de prensa este sábado. Giménez avanzó que esa decisión se tomará el próximo viernes en asamblea, aunque supone que la huelga quedará desconvocada porque "queda bastante claro en el laudo" y otras eventuales medidas les pueden "meter en problemas".

En un principio, convocaron los paros parciales para protestar por las supuestas represalias de Eulen, tras despedir al menos a dos empleados. Fuentes cercanas a la compañía aseguran a este diario que la decisión está "plenamente justificada", pues los vigilantes no se presentaron a su puesto de trabajo pese a tener que cumplir los servicios mínimos. No obstante, el veredicto de Marcos Peña en teoría deja a los trabajadores sin motivo para protestar, porque anula todas las medidas disciplinarias hasta la fecha.

Los vigilantes de Ilunion Seguridad, otra de las subcontratas que opera en El Prat, también han convocado una huelga que arrancará el sábado 2 de septiembre como vía para recuperar los pluses que perdieron con la crisis. Los representantes de los trabajadores han optado por esta medida después de que la empresa no se presentase a la reunión del pasado 18 de agosto.

El incendio de El Prat podría propagarse fácilmente a otros aeropuertos como Madrid-Barajas, donde Prosegur se ocupa de la mayoría de la vigilancia y Eulen da cobertura a una parte. Los trabajadores de la primera amenazan con ponerse en huelga a principios de octubre, decisión que deben ratificar el 20 de septiembre en la votación organizada por el sindicato AVA. Los de la segunda llevan amenazando con paros desde julio, pero de momento los han aplazado hasta nuevo aviso.

Los vigilantes de los aeropuertos de Alicante, Valencia, A Coruña, Santiago de Compostela y Tenerife Sur también han dejado la huelga en el aire en espera de que el Gobierno mueva ficha, como explica el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giraldez. El ministro de Fomento se comprometió a crear un grupo de trabajo para abordar la problemática de este sector a nivel global y en todos los ámbitos, no solo los aeropuertos. "Los paros quedan suspendidos temporalmente, pero se reactivarán si el gesto de Íñigo de la Serna es un mero brindis al sol". Los empleados subcontratados por Renfe tampoco descartan sumarse a la huelga en otoño si la situación no mejora, confirma Giraldez.

Cada caso es un mundo, pero el problema de fondo es el mismo: una política de adjudicaciones públicas que dan prioridad al factor precio por encima de todo. "Es necesario que el Gobierno tome cartas en el asunto para garantizar la calidad del servicio y unificar los criterios de contratación", sostiene Giraldez. Estas negociaciones -que todavía no han arrancado- tendrán lugar mientras patronal y sindicatos perfilan los detalles del nuevo convenio estatal de seguridad privada, que llega con más de seis meses de retraso.
Aena, un caso aparte

La patata caliente de Aena amenazaba con estallar también en septiembre, aunque su naturaleza es muy distinta. Los 7.200 trabajadores del gestor aeroportuario exigen volver a la etapa precrisis, ahora que los beneficios se han disparado un 40% (en 2016 respecto al año anterior) y se han alcanzado cifras récord en tráfico de pasajeros (244,8 millones en 2016).

No obstante, las aguas se han calmado (de momento) con la suspensión temporal de la huelga. Los sindicatos han dado así un voto de confianza al Gobierno tras verlo dispuesto a solventar el conflicto sin que la sangre llegue al río. Los paros de 25 días estaban previstos entre el 15 de septiembre y el 30 de diciembre, puentes incluidos.

Aena está participada en un 49% por capital privado y cuenta con técnicos en pista de aterrizaje, operarios de mantenimiento, bomberos, informáticos o administrativos, entre otras muchas funciones.